En el listado hubo siete pampeanos. Dos fueron los de La Cámpora, Luciano di Napoli (Santa Rosa) y Saúl Echeveste (Telén). Los otros fueron Mónica Valor (Luan Toro), Oscar Rodríguez Huarte (Carro Quemado), Oscar Gatica (Algarrobo del Águila), Hugo Martínez (Loventuel) y Leonardo Pereyra (La Humada). Cinco intendentes del oeste provincial, la mayoría vinculados al vernismo, hoy distanciado del kirchnerismo. Pero todos relacionados con la representante de CFK en la provincia, la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso.

En el texto, que nuclea a jefes comunales de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones,

Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz, se advierte sobre el uso del sistema judicial "como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social".

Además, se sostiene que “la persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.

"Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos", completaron los intendentes de distritos del interior del país.

El pasado viernes, los fiscales Luciani y Sergio Mola señalaron que a su criterio está probado que Cristina Kirchner cometió dos delitos: fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner pergeño un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez reciba obra pública para Santa Cruz durante 12 años que en gran parte no terminó pero que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas, y que así también se defraudó al Estado nacional.

El delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión. Pero también establece que "el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua". Así, si el fiscal entiende que se cometió ese delito no puede evitar pedir en su condena la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Este pronunciamiento de los jefes comunales en sintonía campaña desplegada por Cámpora, que difundió instrumentó pintadas en diversos puntos del conurbano bonaerense con consigna "todos con Cristina". mismo tiempo, la agrupación política publicó un video redes sociales en que editó comentarios un grupo periodistas para formar una frase…SI LA TOCAN A CRISTINA , QUE QUILOMBO SE VA ARMAR (sic)

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