A raíz de la presentación del agobado Juan Díaz, la justicia de La Pampa tomó una determinación. El profesional había presentado un escrito para representar los derechos del animal no humano en el juicio que se le hace al consignatario de hacienda, Luis Esteban Aguirre en Victorica, formalizado por crueldad animal.

Si bien todavía la justicia no se expidió respecto del pedido de Juan  Díaz, tomaron  una resolución que tiende a representar los derechos de los animales no humanos-

Se informó que “la Defensora Oficial, Ana Carolina Díaz, patrocinará todas las causas y actuaciones judiciales que se impulsen en defensa de los animales2.

Por Resolución de la Defensoría General, la titular de la Defensoría en lo Civil n2, 2entenderá en las actuaciones jurisdiccionales que decida impulsar el Ministerio Público de la Defensa con motivo del maltrato animal”.

Los fundamentos de la Resolución 2/20, son:

«Que se hace necesario dar respuestas, en cumplimiento de los nuevos paradigma vigentes y en términos de acceso a la justicia a las situaciones que afecten los derechos de los animales, en tanto personas no humanas integrantes de un equilibrio sistémico al que los pueblos preexistentes denominaban Pacha Kuti;

Que el derecho animal se ha abierto paso en la doctrina y la jurisprudencia como un horizonte de proyección novedoso de ampliación de derechos que posee singularidades específicas, dado que en este caso la afectación de bienes jurídicos no solamente supone la violación del derecho animal en un caso concreto sino la afectación de un todo, de un equilibrio cósmico que el sistema jurídico ha decidido firmemente resguardar.

Que, en consecuencia, la asunción de esta temática como integrante de las políticas de la Defensa Pública debe ser ajenas a los ejes colonizantes del animalismo eurocéntrico y hacer pie en la realidad objetiva y el sentipensar de Nuestra América.

Que la Defensa Pública debe involucrarse con la mayor dotación en una temática que –como queda señalado- implica transitar un camino que avanza sobre cuestiones humanitarias y culturales de indudable relevancia, desempeñándose con criterios decoloniales y situados.

Que esa especificidad demanda una centralización y unificación de criterios en acciones futuras que interesan e implican a este Ministerio.

Que a la vez, esta nueva modalidad de participación hace necesario que la intervención en las mismas, en todo el ámbito provincial, esté a cargo de la Defensoría General que –en razón de la situación de teletrabajo a la que se halla sujeto su titular- delegará en una Defensoría Civil las actuaciones sucesivas, las que deberán en todo caso contar con el acuerdo del Defensor General.

Que, en razón de su experiencia, militancia y actualización en el tema, esa delegación recaerá en la Defensora Civil Número DOS de la I Circunscripción Judicial, Dra. Ana Carolina DÍAZ, quien en caso de presentaciones judiciales en otras circunscripciones contará con el apoyo y patrocinio de les defensores a quienes correspondiera actuar en razón del turno.»