Este 24 de marzo se cumplen 46 años del golpe que desató la noche más larga en la historia del país. Una dictadura sangrienta y asesina, que dejó el saldo de 30 mil desaparecidos. Los personeros de la represión, en algún momento, intentaron sostener el mito de que La Pampa fue una isla en ese mar de terror. La lucha de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, los juicios que sobrevinieron más tarde, sepultaron esa mentira, ese invento.

El proceso de memoria, verdad y justicia, la valentía de las víctimas, después de cuatro décadas, hoy permite reconstruir la dimensión y la fiereza con la que se aplicó en la provincia el plan diseñado para imponer un modelo económico, político y cultural. Detrás de los números, es cierto, hay historias de personas, de carne y hueso. Pero también permiten visibilizar la dimensión del horror de una sociedad que afrontó un genocidio, el intento de aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos políticos.

El lunes pasado, durante el alegato popular de las querellas del tercer juicio de la Subzona 14 que se desarrolló en el Aula Magna de la UNLPam, Raquel Barabaschi comparó la cantidad de víctimas con la población que tenía la provincia en aquel entones, para mensurar la forma en que la represión golpeó a la sociedad pampeana, incluso más fuerte que en otros distritos de país.

Hay nietas recuperadas y nietos que faltan (ver aparte). Este es un repaso de algunos números que dejó aquella tragedia:

172.000 habitantes

Esa es la cantidad de habitantes que tenía La Pampa según el censo de 1970. Era una provincia con ciudades pequeñas, pueblos chicos, dónde todos se conocían y se saludaban por la calle, la gente dormía con la puerta abierta, La represión ilegal instaló el miedo, el terror y dejó la secuela del "no te metas" para generaciones posteriores.

248 víctimas

Ese es el número de personas que fueron detenidas ilegalmente, secuestradas, torturadas, mantenidas detenidas en algunos casos durante años en cárceles de otros puntos del país, bajo regímenes extremos y vejámenes. Son los casos ventilados durante los tres juicios de la Subzona 14.

Las primeras detenciones ocurrieron aún cuando todavía gobernaban autoridades democráticas. En enero del '75 la triple A empujó las detenciones de los estudiantes que habían ocupado pacíficamente la UTN de Pico para resistir una intervención de la derecha. El decano Carlos Agaya fue el primer preso político en marzo de ese año. En noviembre del '75 el grupo de tareas de la Subzona 14 (que ya se había conformado y empezado a operar antes del golpe) disparó una razzia de detenciones sobre docentes de la UNLPam y los médicos del Plan Provincial de Salud, una experiencia de avanzada repudiada por la corporación de la salud. Antes del golpe también detuvieron a algunos periodistas -Pinky Pumilla, Raúl D'atri- y a un grupo de jóvenes pacifistas, siloistas.

A partir del golpe del 24 de marzo, se produjeron la mayoría de los secuestros y aplicación de tormentos. Cayó el gobernador constitucional, José Aquiles de Regazzoli, parte de su familia y funcionarios; estudiantes y docentes de la UTN y de la UNLPam; docentes del colegio de Aráuz, de la Escuela Hogar de Santa Rosa y una escuelita del oeste; sindicalistas; periodistas; funcionarios de la justicia; artistas; dueños de empresas de la construcción y comerciantes; militantes políticos; entre otros. 

531 prescindidos

Según el reciente decreto 407/22 del gobierno provincial, el régimen de la dictadura dejó un saldo de esa cantidad de prescindidos de la administración pública provincial, nacional y municipal, personas perseguidas por cuestiones ideológicas o políticas. Ese decreto dispuso reparar los legajos, un reclamo histórico de las víctimas. El listado no es definitivo y pueden sumarse más casos.

67 desaparecidos

Son las personas pampeanas que fueron secuestradas y desaparecidas durante la dictadura. Son los nombres que aparecen en el listado del Registro Unido de Víctimas de la provincia. Fueron asesinados y desaparecidos. Muchos estaban en Buenos Aires, Córdoba o La Plata, por razones de estudio o trabajo. La inteligencia militar desplegada en La Pampa desde el Regimiento de Toay, que encabezó el siniestro Ramón Camps hasta el día del golpe, sirvió en muchos casos para desplegar ese plan represivo.

 6 centros clandestinos

Esos son los centros clandestinos de detención del terrorismo de estado reconocidos e identificados oficialmente. En Santa Rosa funcionó el centro de detención y secuestros más importante, la Seccional Primera de Policía. Pero también hubo sesiones de tortura y detenidos en Brigada de Investigaciones que funcionaba en la Raul B.Díaz y la Seccional Segunda. Además, los presos políticos fueron alojados en la Colonia Penal 4 y la Unidad 13.

En General Pico, la Seccional Primera de Policía funcionó como centro de detenciones ilegales. 

En la comisaría (foto) y el puesto caminero de Jacinto Aráuz, se mantuvo secuestrados y se torturó a los docentes del colegio de Jacinto Aráuz, que fue copado en un operativo conjunto de militares y policías en julio del '77. 

En Catriló, se trasladó a dos diputados provinciales secuestrados, Hermes Acáttoli y Roberto Gil, al puesto caminero y a la comisaría, donde se realizaron sesiones de torturas con picana eléctrica y golpes durante la madrugada. Una de las víctimas participó de la reconstrucción del hecho durante los juicios (foto).

El Movimiento Pampeano por Derechos Humanos también propone señalizar como sitios relevantes del mapa de la represión en la provincia el regimiento  y la comisaría de Toay, el destacamento y el barrio militar y el de estudiantes en General Pico, las comisarías de La Adela, Victorica y Alvear donde también pasaron detenidos en forma ilegal. Además, en Santa Rosa, reclaman señalamientos en la delegación de la Policía Federal y el edificio de Jefatura de la Policía de La Pampa.

16 represores condenados

Hasta ahora, 16 represores fueron condenados durante los juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo en La Pampa. Algunos, dos veces, en distintos juicios y por diferentes víctimas.

En dos juicios, ya hubo sentencia. En el tercero juicio está próximo a pronunciarse el veredicto.

En el primer juicio, en 2010,  hubo 9 condenas. 

Recibieron 20 años de prisión el exsecretario de la gobernación, Néstor Greppi y los expolicías miembros de la patota de la Subzona 14, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart. Fueron condenados a 12 años de cárcel los expolicías Athos Reta y Oscar Yorio. El expolicía  Néstor Cenizo fue condenado a 14 años y el expolicía Hugo Marenchino a 8.

En el segundo juicio a represores, que se desarrolló entre 2018 y 2019, fueron 13 las condenas y 1 absolución.

El ex jefe de la Policía durante la dictadura, Luis Baraldini (foto), y el exmilitar Néstor Greppi, fueron condenados a 25 años de prisión. El médico de la policía Máximo Alfredo Pérez Oneto (único civil condenado) a 16 años. El expolicía Carlos Reinhart, a 14 años. Los expolicías Néstor Cenizo, Athos Reta, Juan Domingo Gatica y Oscar "Miseria" López, a 12. Los ex policías Antonio Oscar Yorio, Orlando Osmar Pérez y Hugo Marenchino, a 10 años. El expolicía Jorge Osvaldo Quinteros, a 8 años. Y el expolicía Miguel Ángel Ochoa a 6 años.

En el tercer juicio, de 7 imputados en la elevación  a juicio, al tramo final solo llegaron 3 sentados en el banquillo de los acusados: Baraldini, Reinhart y el militar Jorge de Bártolo.

¿Impunes?

 Muchos represores quedaron impunes porque fallecieron antes de los juicios o porque no estaban en condiciones de salud de afrontar los debates. Otros porque no alcanzaron las pruebas y testimonios.

Tal vez el más emblemático sea el caso del militar Fabio Carlos Iriart.  Zafó del primer juicio, separado por enfermedad. Fue el máximo responsable de la Subzona 14 hasta su retiro en 1977, interventor federal militar a cargo de la Casa de Gobierno entre el golpe y el 21 de abril del '76. Falleció impune el 12 de  junio de 2018.