El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda lanzó un relevamiento con la idea de establecer que las cuotas de las futuras viviendas sociales de la provincia tengan relación con los ingresos de los adjudicatarios.

El anuncio fue realizado este lunes a la mañana por el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, durante una conferencia de prensa. También estuvieron la gerenta de Adjudicaciones, Erica Riboyra y el gerente contable Ramiro Rodríguez.

La novedad ya había sido dada a conocer por el gobernador Sergio Ziliotto cuando, en el mes de julio pasado, presentó el Plan Provincial de Viviendas que implicaba -para este año- el inicio de las obras para levantar mil casas sociales en la provincia: se trata de las operatorias "Mi Casa 1" y "Mi Casa 2".

La primera, de un total de 560 viviendas, será destinada a los municipios con una población de hasta 10 mil habitantes, y la segunda, con 440 unidades, será para las ciudades de Santa Rosa, General Pico, Toay, General Acha y Eduardo Castex.

"Estamos anunciando este relevamiento, esta operatoria para que el Gobierno de La Pampa tenga el conocimiento de la situación socioeconómica actual de todos los adjudicatarios de planes de viviendas, ya sea con fondos nacionales o provinciales", dijo Lezcano.

Ese relevamiento tendrá el carácter de declaración jurada obligatoria.

En la actualidad, la cuota minima se elevó a 1080 pesos (cuota más seguro), mientras que quienes están al dái pagan 2000 pesos. Hay 28.726 viviendas sociales que están en  cobro. En el resto, los adjudicatarios cancelaron el crédito y ya son los propietarios de la vivienda mediante escritura.

"Cada adjudicatario deberá realizar una declaración jurada, incluyendo a todos los que viven en esa vivienda social que está en cobro", dijo Riboyra.

"Son aquellas personas que recibieron una vivienda social y que actualmente se encuentran en situación de cobro. Quienes cancelaron sus viviendas no entran en este plan", precisó.

"Queremos una información actualizada de quienes componen el grupo familiar que vivie en la vivienda y también cual es su situación socio económica. Nosotros tenemos esa información del momento que se entregó la vivienda y eso puede haber sufrido modificaciones", añadió.

Dijo que será una declaración  jurada que se hará en forma on line. La información que la gente tiene que incorporar va a ser por fotos o escaneos. Se va a hacer desde el sitio web del IPAV, en el link "Mi IPAV". Se ingresará con CUIL y con un mail. Las asistentes sociales del organismo ayudarán a las personas que no dominen el manejo digital. 

"Nos toca a nosotros"

Ni el presidente Lezcano ni el gerente contabel Ramiro Rodríguez dieron datos del nivel de morosidad de los planes del IPAV.

Asegurán que es difícil llegar a esa cifra por las diferencias de cada operatoria. Tampoco se informó de los 28.725 boletas de cobro que emite el IPAV, cual es el porcentaje de pago.

Lezcano presentó la operatoria con el objetivo de “ver como ayudamos a regularizar, asumir las responsabilidades que nos toca a todos en esta política de Estado que es la vivienda”.

“El objetivo es ser más eficiente en los recursos que administra el Estado, sabiendo a quién y cuánto subsidio se da a la vivienda adjudicada”, precisó.

El relevamiento tiene el objetivo de “achicar el subsidio y ver la cuota que se cobra de acuerdo a la capacidad actual del adjudicatario”.

Aunque Lezcano dijo que buscarán que quienes puedan pagar la “cuota pura del crédito” (sin subsidio, sumando el valor del terreno), lo hagan. Al ser preguntado en cuánto está ese monto de cuota pura, lo estimó en 5.000 pesos. “Es muy difícil sacarla. Hay que ver con el plan, lo que lleva pagado. Siempre va a ser un valor social. Podríamos hablar de un estimado, de 5.000 pesos”, dijo.

El presidente del IPAV dijo que reciben notas de personas que aseguran que no pueden pagar los 1.000 pesos de cuota. “Otros pueden pagarlos holgadamente. Ahí es donde debe estar el Estado”, dijo.

Al ser consultado porque la actualización o regularización de cuotas no se hizo hasta ahora Lezcano dijo que “todas las gestiones estuvieron a la altura. En cada coyuntura hay una diferenciación. Tenemos que revalorizar la política habitacional de La Pampa”. Aseguró que “si no hubiese sido por el macrismo no estaríamos en la situación que estamos” y que esos cuatro años produjo “un quiebre social”.

En total, la inversión que realizará el Estado pampeano para levantar las mil viviendas será de 2.900 millones de pesos.

Durante el anuncio de aquel momento, el gobernador también dio a conocer un aumento a mil pesos para las cuotas mínimas de las viviendas sociales de todas las operatorias vigentes, a partir del 1º de septiembre.

Y adelantó que a partir de enero "volveremos a actualizarla y ahí determinaremos un sistema permanente de actualización".

De eso se trata el relavamiento que inciará ahora el IPAV: el monto de las cuotas a pagar por las viviendas variará de acuerdo a los ingresos de la persona que resulte adjudicataria. Quien más ingresos tiene, más paga.

El organismo también trabaja en establecer un "sistema móvil" que permita "reducir o elevar" el subsidio que el Estado destina a cada adjudicatario en función de su situación económica.

Por ejemplo: si una vivienda social tuvo un costo de 3,8 millones de pesos y el plazo de pago se estipula en 480 meses (40 años), la cuota debería fijarse en unos 8.000, de los cuales el Estado subsidia 6.500 y el adjudicatario paga 1.500.

El sistema a implementar también deberá permitir que si un adjudicatario mejora su nivel de ingresos, vea reducido el monto del subsidio y afronte una cuota mayor a los 1.500 pesos. Y por el contrario, si perdiera su empleo o viera reducido su salario, recibará un subsidio mayor.