Un agente del área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) confirmó hoy en el Congreso de la Nación que la causa penal contra Espartaco «Taco» Marín, dos comisarios y unas dos docenas de empresarios fueron armadas.

El agente, que está pronto a jubilarse y cuya identidad no es revelada por cuestiones de seguridad, sostuvo que hacia finales de 2017 la AFI «dio un giro de 180 grados que implicó el desmantelamiento de la oficina de Análisis y Reunión de información y un achicamiento del área de Contrainteligencia, en favor del crecimiento de Jurídicos», según reconstruyó la agencia Télam.

Contó que en una oportunidad, desde el sector de Interior, «llegó un caso vinculado a Espartaco Marín, hijo del ex gobernador justicialista de La Pampa Rubén Marín», y que cuando lo analizó decidió «dejarlo de lado» porque entendió que se trataba de una «operación política».

La causa penal se tramitó en el Juzgado Federal de Santa Rosa desde 2016: supuestamente, un mensaje anónimo alertó que se estaba lavando dinero proveniente del narcotráfico. La Justicia investigaba las actividades comerciales que iban desde la venta de automóviles, organización de espectáculos y el funcionamiento de locales nocturnos, entre otros rubros. Una de las sospechas es que habrían invertido dinero con fondos del narcotráfico, o que habrían lavado dinero proveniente del narcotráfico.

En mayo de 2019, se ventiló públicamente que la causa se estaba tramitando en el juzgado. «Que me den vuelta como una media y me investiguen», pidió el legislador.

En octubre de 2019, Juan José Baric, al desembarcar en el juzgado, lo sobreseyó porque dijo que la causa no tenía ni pies ni cabeza. Pero el fiscal Leonel Gómez Barbella apeló ese sobreseimiento. Finalmente se confirmó el sobreseimiento.

¿Quién armó la causa? Las sospechas de Marín apuntan a Alan Ruiz, quien fuera funcionario del Gobierno pampeano entre 2015 y 2016. Posteriormente, Ruiz recaló en el Ministerio de Seguridad y fue uno de los jefes de espías en la AFI.

El sector de Jurídicos

Confirmó hoy en el Congreso de la Nación que las maniobras de supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria fueron realizadas desde el área de Jurídicos que, según su relato, fue engrosada en cantidad de empleados y tareas, a partir de la llegada de Cambiemos al poder, en diciembre de 2015.

El agente sostuvo que hacia finales de 2017 la AFI «dio un giro de 180 grados que implicó el desmantelamiento de la oficina de Análisis y Reunión de información, y un achicamiento del área de Contrainteligencia, en favor del crecimiento de Jurídicos».

En la declaración, reconstruida por Télam a través de fuentes parlamentarias, el espía enfatizó en que la gestión de Cambiemos «sobredimensionó» el área de Jurídicos, porque pasaron a ser prioridad las causas judiciales, sobre todo aquellas que apuntaran a dirigentes kirchneristas; que el sector pasó a ser «apoyado por las otras subdirecciones de la agencia» y que «se dejó de lado» la inteligencia criminal.

Una de las fuentes consultadas sostuvo que el espía dijo ante la comisión bicameral de Seguimiento y Fiscalización de organismos de Inteligencia, que «antes Jurídicos apoyaba a otras áreas y durante la gestión de Cambiemos esa ecuación se dio vuelta».

El engrosamiento del área Jurídicos implicó que se abriera allí una oficina de escucha y transcripción, y la puesta en marcha de un «equipo de calle», tareas que antes pasaban por el sector de Contrainteligencia, según relató el espía que pasó esta tarde por el Congreso.

El agente dio detalles de actividades desarrolladas por la dirección de Jurídicos, ampliada a partir de la incorporación de agentes de calle y reveló que, incluso, hubo espías de carrera del sector de Contrainteligencia que «hasta llegaron a fotografiar a los nuevos agentes que dependían de Jurídicos en sus tareas en el terreno».

Escuchas

Relató que desde su lugar en Contrainteligencia, recibió las escuchas realizadas al narcotraficante Mario Segovia en el teléfono público del penal de Ezeiza, y sostuvo que le habían llegado desde el área de Jurídicos donde, sospechaba, habían quedado guardados los diálogos mantenidos por otros presos de ese penal desde el mismo teléfono, entre los que estaban los ex funcionarios kirchneristas detenidos.

Otro hecho que llamó la atención de los legisladores oficialistas y opositores que escucharon su relato fue que dijo que la «organización ecoextremista ITS (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje) era vigilada desde hacía mucho tiempo antes» de que se concretara el espionaje al Instituto Patria en 2018.

El espía, según las fuentes, dijo que esa organización era monitoreada por el área de Terrorismo, y que pasó a Contrainteligencia cuando estalló el caso del Instituto Patria, luego de que un automóvil de la AFI fuera detectado frente a las oficinas que eran sede política de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Además, relató que cuando estalló el caso, el entonces jefe de Contrainteligencia, Martín Coste, que supuestamente estaba de vacaciones cuando se dispusieron las tareas de «vigilancia» sobre el Patria, le pidió a la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, que «echara al jefe de operaciones especiales, Alan Ruiz», quien había ordenado las tareas.

La respuesta de la ex «señora 8» fue que Ruiz «seguiría en la agencia» y que si Coste no estaba de acuerdo podía «renunciar» y sería responsabilizado por las tareas de espionaje sobre la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación.

Como corolario de su declaración, el espía aseguró que solía compartir momentos con Ruiz cuando ambos salían a fumar, y que escuchaba sus conversaciones con la «señora 8» que como gesto de confianza lo llamaba «señor 9».

Para el próximo jueves, a las 14, la Comisión Bicameral de seguimiento de organismos de Inteligencia citó al ex jefe de la Dirección de Jurídicos de la AFI, Juan Sebastian Destefano, un hombre señalado como del círculo de confianza del ex presidente de Boca Junios, Daniel Angelici, catalogado como operador judicial del macrismo.