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26 de febrero de 2025
El Gobierno habilitó la exportación de ganado vacuno en pie
Javier Milei eliminó por decreto la potestad que tenía el Estado para imponer restricciones a la importación y exportación con fines económicos.
El gobierno de Javier Milei sigue adelante con la flexibilización de las exportaciones de carne vacuna con el objetivo de fortalecer la presencia de Argentina en el comercio internacional. En ese sentido eliminó este miércoles una normativa que imponía restricciones al sector.
Así quedó plasmado en el Decreto 133/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Allí se dispuso la derogación del Decreto 322/1973, que prohibía la exportación de ganado vacuno en pie destinado a faena para consumo.
Según el Ejecutivo, la normativa vigente por más de 50 años otorgaba a la entonces Junta Nacional de Carnes la facultad de autorizar la exportación de ganado vacuno en pie únicamente hacia países limítrofes y Perú. En este contexto, el Gobierno consideró que dicha regulación constituía una restricción a las exportaciones, basada en una política de comercialización de carne vacuna que entraba en contradicción con el Mega DNU 70/2023, que busca avanzar en la desregulación económica.
Así, el gobierno libertario eliminó la potestad del Estado para imponer restricciones a la importación y exportación con fines económicos y podría perjudicar a los consumidores locales.
En ese contexto, se estableció que el Estado Nacional debe "promover y asegurar la vigencia efectiva, en todo el territorio, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un marco de libre competencia, respetando la propiedad privada y los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo". Asimismo, se recordó que una de las primeras medidas de la administración libertaria estableció la “más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el país”, eliminando cualquier restricción a la oferta de bienes y servicios, así como normativas que distorsionen los precios de mercado, limiten la iniciativa privada o interfieran en la interacción espontánea entre la oferta y la demanda.
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