Lo que Milei, el ministro Luis Caputo y la senadora Patricia Bullrich tratan de ocultar es que, en dos años de gestión, fueron ellos quienes destruyeron sistemáticamente el entramado empresarial que puede ofrecer trabajo formal; es decir, que forzaron la informalidad laboral en todos los sectores.
El gobierno de Javier Milei dice impulsar medidas como el proyecto de reforma laboral para dar impulso al trabajo registrado, teniendo en cuenta que -según guarismos expresados por funcionarios libertarios- la informalidad se encuentra en un 43% de los trabajadores.
Valgan los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) conocidos en las últimas horas, que exhiben crudamente el efecto devastador de las políticas anarcocapitalistas sobre las empresas y las industrias locales.
En concreto, en noviembre del año pasado -último dato oficial disponible- cerraron 892 empresas, acumulando solo en los primeros once meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.
Puede parecer mucho o poco, pero el acumulado de la gestión mileísta muestra números aterradores: casi 22.000 empresas debieron cerrar sus puertas, con fuerte incidencia en el sector de la construcción.
En noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. Y dos años después, en noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.
En consecuencia, en esos 24 meses se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores y disminuyó en 290.602 el total de trabajadores o empleados registrados.
Una conclusión del Informe de Trabajo es que una proporción relevante de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto: durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.
Es decir: les resultó imposible sobrevivir a la motosierra y a la licuadora impuestas por Milei y su gabinete; mucho menos progresar a una recesión que está en marcha pero que el Gobierno intenta tapar con la alfombra de un INDEC virtualmente intervenido por el Poder Ejecutivo.
