La sesión de la Cámara de Diputados se realizó con la presidencia de Alicia Mayoral, ante la ausencia del vicegobernador Mariano Fernández. El miembro informante del Frejupa, Oscar Zanoli, indicó que la iniciativa “tiene como objetivo habilitar los procedimientos administrativos para generar mayor celeridad y paliar la crisis habitacional que estamos viviendo. Esta autorización le permitirá al Estado realizar distintas viviendas”.

Desde el radicalismo, Marcos Cuelle argumentó la decisión de su bloque de no acompañar el proyecto. “No coincidimos en las pretensiones. Lo previsible se quiere maquillar con lo imprevisible. Esto es así, porque si vemos lo que ha ocurrido con el presidente del IPAV del 2015, ya decía que había un déficit. Luego en el 2018 decían que había un déficit de 13 mil viviendas, y ahora Lezcano dice que hay un déficit de 20 mil viviendas. Entonces no es novedad”, dijo el diputado radical.

“El objeto del proyecto –siguió Cuelle- está disociado de las metas, porque se pretende abandonar el Instituto de Licitaciones Públicas. Entonces decir que vamos a acelerar la burocracia eliminando las licitaciones, puede generar que tengamos que pagar un alto costo institucional. Lo que no podemos soslayar es la transparencia”

“Si analizamos lo que decía el miembro informante, ante una demanda por un déficit de 20 mil viviendas, suponiendo que pudiéramos construir mil viviendas por año, esta emergencia la vamos a prorrogar por 20 años. Entonces no le podemos pedir el bloque de la UCR que siga prorrogando una emergencia que es previsible”, advirtió.

“En estas condiciones es difícil alcanzar un consenso porque existe un encorsetamiento del Poder Ejecutivo de creer que la única manera de paliar esto es a trasvés de la contratación directa. Y tienen que haber otras herramientas. Creemos que generar instrumentos que obliguen a abandonar el Instituto de Licitación Pública podría convertirse en un nicho de corrupción”, alertó Cuelle.

Desde el bloque de Propuesta Federal, la legisladora María Trapaglia explicó que “la trasparencia es un mecanismo por medio del cual se permite un debido control de los fondos de la sociedad”, y aclaró que “si bien no desconocemos la problemática en la provincia, deberán buscarse las soluciones dentro de la ley”. “Es preciso remarcar que esta no es la primera ley de emergencia habitacional que se ha tratado en esta Cámara. La emergencia viene de un cúmulo de años. Nosotros advertimos que de los 350 mil que viven en La Pampa, una gran mayoría estaría dependiendo de una vivienda social”, desarrolló.

“Cuando vino Lezcano –siguió la diputada- se le preguntó qué indicadores que tenían en cuenta, y no tuvimos especificidad. Y ahora estamos votando una ley sin tener evidencia. Además, la eliminación de los procedimientos administrativos resulta muy nociva para la administración de los fondos públicos”, cerró.

Juan Brindesi justificó el acompañamiento de su bloque, el MPP. “Es muy grande la demanda de viviendas que hay en la provincia, por eso es importante el proyecto. Además, no creo que esté en juego la trasparencia con los actos que menciona el anteproyecto, porque va a ser auditado por el Tribunal de Cuentas, que está dirigido por un partido de la oposición”.

Zanoli tomó nuevamente la palabra y manifestó que le “parece grave que digan que se puede generar un nicho de corrupción. Existe un mecanismo de control, que está en manos de la oposición. Poner en duda políticas públicas que ha llevado adelante el gobierno, como mínimo es desconocer y llevar la crisis habitacional a la discusión política. Por otro lado, en los últimos cuatro años no tuvimos viviendas”.

El presidente de la UCR, Francisco Torroba criticó el sistema de licitaciones directas, y reflexionó acerca de la necesidad de generar otras herramientas para paliar el déficit habitacional. “Este proyecto es el reconocimiento de que las políticas habitacionales no alcanzaron. Tenemos que discutir cómo resolvemos el problema. Además de esto, hay un pedido de un cheque en blanco para la oposición. Es decir, plantear que el problema habitacional consiste en eliminar los correctos procedimientos administrativos, no lo cree nadie”, dijo.

Por otro lado, opinó que “en un momento de crisis necesitamos más institucionalidad. El ocultamiento y el secretismo es una característica del autoritarismo. Menos información genera más súbditos. No estamos diciendo que habrá corrupción, sino que producimos un sistema que no es trasparente. Este sistema no va a resolver el problema. Hacen falta créditos; tenemos un Banco que no está al servicio de los pampeanos. También necesitamos buenos salarios. Es decir, es una situación compleja. Este es un tema de toda la clase dirigente, y nos tenemos que poner de acuerdo; este proyecto nada va a resolver la problemática”, concluyó.

Por su parte, el presidente del Frejupa, Julio González, manifestó: “Más allá de que el control sea previo o posterior, sí o sí hay control del Tribunal de Cuentas. Lo que estamos votando es una ley de emergencia, y de esta manera es de excepción; tiene vigencia hasta diciembre de 2022. Es importante la voluntad política del gobierno respecto a esta problemática”.

“Se habló del déficit habitacional –siguió González- y hay que reconocer que el 40% de la población en La Pampa tuvo y tiene acceso a viviendas sociales. Esta fue y será una consigna de primer orden de nuestro gobierno”.

“Sabemos que hoy el gobierno nacional vuelve a hacer foco en la construcción de viviendas. Pero nosotros consideramos que quien tiene la responsabilidad de gestión tiene la urgencia de dar solución de la manera más rápida posible. Nosotros entendemos que es darle el instrumento para que se continúe en la tarea de paliar la crisis habitacional. Entendiendo que esta medida tiene fecha de vencimiento y de que es una herramienta fundamental para dar celeridad en pos del objetivo supremo, votamos favorablemente”, cerró el debate el diputado González.