La falta de cobro, a partir de los cambios que implementó recientemente la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, los llevó a presentar en la Justicia un habeas corpus colectivo.
La semana pasada, la Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar parcialmente el habeas corpus colectivo en favor de internos. La acción impugnaba las resoluciones ministeriales Nº 1346/2024 y Nº 429/2025, dictadas por el Ministerio de Justicia de la Nación. La primera obliga a toda la población penal a realizar tareas de mantenimiento, limpieza y aseo hasta cinco horas diarias sin remuneración. La segunda habilita que hasta el 5% de los reclusos -es decir, 24 en la cárcel santarroseña- cumpla labores ocho horas diarias cobrando un peculio que “no tendrá en consideración el Salario Mínimo Vital y Móvil” ni aportes previsionales. Los camaristas Pablo Esteban Larriera y Roberto Daniel Amabile rechazaron el pedido de 232 presos, pero parcialmente ordenaron que a otros 24, que tienen tareas de hasta 8 horas diarias, se les pague de acuerdo al salario mínimo.
La U-4 tiene un total de 510 detenidos. De ellos, cumplen tareas cerca de la mitad. El caso comenzó a judicializarse el 21 de abril con una presentación por inconstitucionalidad de esas resoluciones, a cargo de Leandro Destefano y Carlos Riera, defensores públicos oficiales y cotitulares de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
