Así lo definió la Cámara Nacional Electoral (CNE) en un fallo fechado el martes, en el que solicitó la intervención del máximo tribunal del país para dirimir si lo ocurrido en la localidad pampeana debe investigarlo el fuero penal o el electoral.
En esa misma sentencia, los camaristas Santiago Corcuera, presidente, y Alberto Dalla Vía, vicepresidente, sembraron dudas sobre la actuación que tuvo la fiscal federal Adriana Zapico, de hecho pidieron que su actuar sea revisado por la Procuración General de la Nación. También realizaron un reproche al juez federal subrogante Facundo Cubas y solicitaron que su proceder sea analizado en el Consejo de la Magistratura.

Zapico por dos.
Pero el problema que suscitó el conflicto de competencias se produjo con el avance de la denuncia penal. Es que la fiscal Zapico dio curso al expediente y lo elevó al juez Cubas. Este se excusó de intervenir porque ya había opinado del tema como integrante de la Junta Electoral, pero antes dispuso la reserva de las urnas para que no fueran destruidas.
El expediente siguió su curso a través de la Secretaría Penal y la Cámara Federal de Bahía Blanca, siempre ante el fuero penal, designó a la bahiense María Gabriela Marrón, como jueza federal ad hoc para intervenir en la causa.
Con la jueza ya designada, Zapico pidió que se secuestraran las urnas de La Maruja por entender que eran la prueba fundamental para la investigación. Marrón hizo lugar al pedido y libró un pedido en ese sentido a la Junta Electoral Nacional del distrito La Pampa. Esta última, compuesta por Cubas, Zapico y Díaz respondió afirmativamente al pedido, con la mayoría de los votos de Cubas y Zapico y la disidencia de Díaz. De ese modo, Zapico libró un pedido desde el fuero penal y se respondió afirmativamente a sí misma desde su rol como vocal de la Junta Electoral.

Camaristas enojados.
El 17 de noviembre, cuando la Cámara Nacional Electoral remitió una nota a la Junta Electoral de distrito para consultar si se habían proclamado a los legisladores nacionales electos y se habían destruido las urnas y su contenido, tomó conocimiento del avance de la causa penal y de la decisión de la Junta Electoral de hacer lugar al pedido de Marrón.
Fue entonces, que Corcuera y Dalla Vía tomaron nota de la existencia de una maniobra mediante la cual “se procuró introducir, a través de una denuncia de presunta naturaleza penal (…), un planteo cuya pretensión (…) resultaba materialmente idéntica a la rechazada en el ámbito electoral” (NdR: el pedido de abrir las urnas de La Maruja). “Ello se torna más gravoso aún al advertirse la contradictoria intervención, en ambos procesos, del juez federal subrogante en el distrito, desconociendo implícitamente -en ejercicio de su competencia penal- lo actuado como presidente de la Junta Electoral Nacional -calidad asignada en su condición de juez federal con competencia electoral-” añadieron los camaristas.
Para Dalla Vía y Corcuera, Cubas incumplió “la regla de asignación de competencia establecida en el artículo 146 del CEN, que dicta -en lo pertinente- que ‘los jueces electorales conocerán (…) de los delitos electorales en primera instancia”. “Como consecuencia de ese desconocimiento, la causa fue asignada al registro de la secretaría penal del juzgado, sustrayéndola del ámbito natural previsto en la legislación (NdR: el fuero electoral). Ello derivó -a su vez- en una errónea asignación de competencias al momento de su excusación y la designación de jueza federal ad hoc”, sostuvieron.

Conflicto.
Por ese motivo, la CNE entendió que lo actuado hasta ahora por la jueza Marrón, en forma simultánea a la actuación de la Junta Electoral Nacional y de la propia CNE, configuraba una “cuestión de competencia”. En consecuencia, requirió “la urgente intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” para que “dirima el conflicto de competencia”.
A su vez, dispuso remitir copias del fallo al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación -NdR: que de creerlo necesario analizará lo actuado por Cubas- y a la Procuración General de la Nación, “a los efectos de la actuación de la señora fiscal Dora. Adriana Zapico”. La sentencia también fue notificada a la jueza Marrón.

¿Presiones del macrismo?
La cuestionada actuación advertida por la Cámara Nacional Electoral por parte del juez Cubas y la fiscala Zapico generó suspicacias en fuentes cercanas al expediente. De hecho no descartaron que hayan existido presiones por parte del frente opositor, que en el ámbito nacional lidera Mauricio Macri, para que la causa penal por las urnas de La Maruja avanzara a como dé lugar. Incluso recordaron que el principal referente provincial de Cambiemos, el secretario de Deporte, Carlos Javier Mac Allister, nunca reconoció la derrota y llegó a atribuir a una “trampa” el ajustado triunfo del PJ.