El organismo provincial dispuso la rescisión de adjudicaciones y actas de tenencia en Santa Rosa, La Adela y Miguel Riglos por incumplimientos en el pago de cuotas y desocupación de viviendas sociales.
Una de las resoluciones alcanzó a la vivienda 93 del barrio Butaló III de Santa Rosa, originalmente adjudicada a Ida Mercedes Ferretti, a quien se le rescindió el acta de tenencia precaria por falta de pago y por no habitar la vivienda de manera efectiva y permanente. También en La Adela se dispuso la rescisión de la adjudicación de la vivienda 36 del Plan Plurianual 2012, que había sido otorgada a Mónica Beatriz Binsou, debido a deuda acumulada y abandono del inmueble. En esa misma localidad se dejó sin efecto la preadjudicación de la vivienda 8 del plan FONAVI XXXIII, que pertenecía a Irma Beatriz Maldonado, mientras que en Miguel Riglos se resolvió la rescisión de la preadjudicación de la vivienda 8 del plan FONAVI XXXII, que figuraba a nombre de Felipe Martínez, también por falta de pago y ausencia de ocupación permanente.
En todos los casos, el organismo autorizó la toma de posesión de las unidades y fundamentó las decisiones en el artículo 27 de la Ley 21.581, que faculta la recuperación de viviendas sociales cuando no cumplen su función habitacional.
En General Campos se intimó a Marilina Soledad Guebara y Facundo Hernán Barth, adjudicatarios de la vivienda 10 del Plan Plurianual, y a Albana Álvarez, titular de la vivienda 3 del mismo programa, quienes registran deudas de cuotas y deberán ejercer su derecho de defensa o regularizar pagos ante el organismo.
En Victorica se notificó a Marina Ester Ávila y Fabricio Armando Maldonado, a cargo de la vivienda 54 del plan FONAVI BIRF XLIV, para que expliquen por qué no residen de manera efectiva y permanente en la unidad y subsanen la situación de deuda.
Las intimaciones advierten que, si no presentan descargos ni regularizan pagos dentro del plazo establecido, el IPAV avanzará con la rescisión administrativa de las adjudicaciones e incluso con acciones judiciales. Desde el organismo remarcaron que las viviendas sociales deben destinarse al uso habitacional de las familias adjudicatarias y que el abandono, la desocupación prolongada o el incumplimiento reiterado de pago pueden derivar en la pérdida de la unidad y su posterior reasignación a nuevos beneficiarios.
