"Una cosa es no querer pagar y otra cosa es no poder pagar", sostuvo la titular del organismo, Erica Riboyra. Y detalló que analizan la situación social de los adjudicatarios.
Riboyra indicó que el organismo mantiene un seguimiento prioritario sobre los niveles de recupero financiero.
"Una cosa es no querer pagar y otra cosa es no poder pagar. La realidad es que nadie deja de pagar su casa porque no quiere o no le interesa. Hay un gran compromiso de los pampeanos en cumplir, pero son muchas las familias que hoy manifiestan problemas económicos", manifestó Riboyra.
Frente a este escenario, la funcionaria detalló los mecanismos de contención que dispone el instituto para atender la morosidad involuntaria y evaluó las perspectivas económicas para el sector.
El IPAV cuenta con atención personalizada y abordaje social y a través de un equipo técnico y social en sus delegaciones —incluida la sede de General Pico— evalúan de manera particular la situación de cada familia afectada por la pérdida de empleo o la reducción de ingresos.
Además, se realiza un tratamiento diferencial de mora y se establecen esquemas de acompañamiento para quienes buscan regularizar su deuda o acreditar vulnerabilidad social, mientras que se aplican acciones administrativas sobre adjudicatarios que manifiestan desinterés en habitar o abonar la vivienda.Riboyra advirtió que la tendencia difícilmente cambie en el corto plazo debido al rumbo de la política macroeconómica nacional, la cual —sostuvo— no prioriza el desarrollo productivo ni la generación de empleo formal.
