Sin embargo, según el fallo al que accedió Diario Textual, el máximo tribunal nacional aclaró expresamente que su decisión no implicaba pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad de la ley provincial 1194, porque esa norma no había sido cuestionada en la demanda ni había sido materia de decisión durante el proceso.
La acción de amparo había sido promovida por Díaz, en representación del Ministerio Público de la Defensa, con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la normativa provincial que permite utilizar perros, en forma individual o en jaurías, para la práctica de la caza deportiva. En particular, cuestionó el artículo 26 del decreto 2218/94, reglamentario de la ley 1194, y las disposiciones dictadas a partir de ese precepto.
En primera instancia, el Juzgado Civil 5 con sede en Santa Rosa rechazó el amparo. Luego, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería hizo lugar al planteo y declaró la inconstitucionalidad de la normativa cuestionada. Sin embargo, el STJ pampeano revirtió esa decisión, hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la Provincia y volvió a rechazar la acción.
Para fundamentar su resolución, los integrantes del STJ sostuvieron que la ley 1194 no prohíbe la utilización de jaurías para las distintas modalidades de caza que autoriza, ni establece restricciones respecto de los medios que pueden emplearse. En consecuencia, entendieron que el Poder Ejecutivo no se había excedido en sus facultades al reglamentar la actividad. “De acuerdo a ello y atendiendo la manda constitucional de que ningún habitante será privado de hacer lo que la ley no prohíbe (art. 19 de la CN), se colige que no hubo por parte del Poder Ejecutivo un exceso en su función reglamentaria”, señalaron los magistrados.
