Según el comunicado oficial, la operación incrementaría en forma significativa la participación de Telecom, alcanzando una concentración del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta un 80% en el servicio de internet residencial en algunas regiones del país.
El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de garantizar la libre competencia y proteger a los consumidores. La suspensión se mantendrá mientras se profundiza el análisis del impacto de la fusión.
Con esta medida, el Gobierno busca evitar distorsiones en el mercado y garantizar la transparencia en el sector de telecomunicaciones.
La decisión se tomó a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, luego de que semanas atrás se anunciara la compra.
El proceso de evaluación de los efectos de la adquisición notificada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia exige el máximo rigor, respetando la normativa aplicable y los estándares internacionales, en atención a la relevancia que tienen las telecomunicaciones en el mundo actual.
Es por ello que, a partir de la recomendación formulada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se ha tomado la decisión de resguardar la transparencia y libre concurrencia del mercado mediante la medida preventiva hasta tanto se profundice el análisis de la operación notificada.
A través de la medida, el Gobierno dijo cumplir con su «obligación de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, así como de defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados».
