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7 de octubre de 2024
SE VIENE NARCOTEST A FUNCIONARIOS EN SAN LUIS
El gobernador instauró la medida por decreto luego de que no se alcanzara consenso en la Legislatura para sancionar una ley de narcotest a autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado para detectar el uso de drogas ilegales.
El gobernador Claudio Poggi firmó el decreto que establece la obligación para el personal superior y de gabinete dependiente del Poder Ejecutivo de realizar un examen toxicológico anual preventivo con el fin de determinar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales mientras se desempeñan en la función pública.
El anuncio lo formalizó hoy durante la conmemoración del 40° aniversario de creación de la división de Toxicomanía y el 10° de jerarquización estratégica como lucha contra el narcotráfico de la Policía.
“Me hubiese gustado que sea una ley para que sea obligatoria para los tres poderes del Estado. No se lograron los consensos para que sea ley”, manifestó Poggi durante el acto en la Casa de Gobierno y ubicó la medida como una acción que se enmarca en la lucha contra el narcotráfico.
“Esto tiene que ver con la ejemplaridad y la coherencia que deben tener quienes ejercemos políticas públicas como parte del Estado en combatir el uso y el abuso de drogas ilegales, la ejemplaridad y la coherencia de quienes ejercemos un cargo público en combatir el mercado que se genera con la venta de drogas, en aquellas personas que tenemos lugares de decisiones de poder, que nuestras decisiones no se vean condicionadas, sino que se puedan tomar en libertad, sin estar influenciado por el consumo o el vínculo con la droga ilegal”, sostuvo el gobernador.
El examen será obligatorio para el gobernador, ministros, secretarios, directores, subdirectores, jefes de área y los agentes que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a estos cargos. Alcanza al jefe de la Policía y el subjefe; el director y el subdirector del Servicio Penitenciario, funcionarios políticos designados en organismos descentralizados, organismos desconcentrados, sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
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