En principio, hay que aclarar que los cinco legisladores y legisladoras por la Provincia, bajaron al recinto. Segundo, que Varinia Marín, Ariel Rasuchenberger (ambos de UxP) y Marcela Coli (UCR), votaron contra el veto presidencial, mientras que Martín Ardohain y Martín Maquieyra (del PRO), lo hicieron para que no aumenten las jubilaciones. Pero, el voto de los legisladores macristas, también es contra La Pampa de manera directa, ya que el proyecto de ley contemplaba el pago de Nación a las provincias por la deuda previsional. Desde que asumió Milei, el gobierno nacional no envía los fondos para las jubilaciones que le corresponden. Y La Pampa es una de las provincias perjudicadas por la decisión del gobierno libertario. La ley vetada La ley vetada establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%. Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplaba el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó. Además, la norma establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total. Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más. El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.