El expediente propone una actualización del presupuesto destinado al sistema universitario en base a la inflación del año pasado, según mediciones del Indec. La indexación sería por bimestre, combinando el 50 por ciento con la variación del IPC, el 25 por ciento por el tipo de cambio y el resto por aumentos de tarifas de servicios públicos. El proyecto también establece la obligatoriedad de realización de auditorías a cargo de la AGN.
La votación se concretó a las 7.30 de la mañana, tras 20 horas de sesión. El dictamen aprobado -elaborado por la UCR- fue el tercero en debate. Primero se trató el de Unión por la Patria, que fue rechazado con 126 votos, y en segundo término el de La Libertad Avanza, que tuvo 130 votos en contra.
El dictamen del radicalismo se votó tras un acuerdo para incluir algunas modificaciones pedidas por el peronismo. El oficialismo sabía que si ese acuerdo se concretaba no tenía forma de bloquear la media sanción, pero incluir el proyecto en el temario fue la única forma de garantizar que haya sesión.
El radicalismo sufrió un traspié durante la caótica votación en particular, al intentar imponer un artículo que establecía que los fondos deberían repartirse a las universidades en función de la cantidad de alumnos, tipo de carreras, cantidad de egresados, actividad científica y hospitales a cargo, entre otros ítems.
