Un jubilado, de entre 65 y 70 años, y su hijo, un empleado judicial de entre 35 y 40, son los dos imputados, en principio, de participar desde Santa Rosa de una red internacional de material de abuso sexual infantil. Los dos viven en el mismo domicilio -una casa y un departamento separado- y están apuntados por los investigadores. El hijo declaró este viernes. Y el padre lo hará entre lunes y martes.

Esos son los principales detalles del caso local de la red internacional de pornografía infantil que se desbarató el último jueves en un operativo de carácter internacional. En conferencia de prensa, en el auditorio del Ministerio de Seguridad,  la fiscala Micaela Sucurro, el jefe División Análisis de las Telecomunicaciones de la Policía, Temístocles Torreani, y  la jefa Área Trata de Personas, María Belén Pérez Fassi, brindaron detalles de la investigación.

Videos descargados y compartidos

La fiscala Sucurro explicó que el tráfico en red se detectó en Estados Unidos y Brasil y la investigación se coordinó con una fiscalía de Ciudad de Buenos Aires, desde donde también se sumó a la justicia de varias provincias. Un usuario de la red compartió 300 videos de pornografía infantil.

Entre las conexiones de IP que participaban de la red -.descargando y compartiendo archivos- se identificó un domicilio en Santa Rosa, entre otros puntos de contacto del país.

La investigación determinó que en la vivienda de Santa Rosa moran dos personas, un jubilado y su hijo, un empleado judicial. Tienen una casa y un departamento, dividido. El jueves, a primera hora de la mañana, se hizo un allanamiento en ese lugar y también en una tercera vivienda -de la pareja del empleado judicial-, para secuestrar dispositivos tecnológicos desde los que se accedía a la red.

Los allanamientos se hicieron a las 6 de la mañana. Para eso la fiscala tuvo que pedir una "excepción" al juez, ya que por reglamento deben realizarse con la luz del día. En este caso, se coordinó el mismo horario, en forma simultánea, con los realizados en otras provincias y otros países, para evitar que alguien pudiera dar aviso y frustrar el operativo.

Según las investigaciones, la red operó entre noviembre de 2017 y marzo de este año, cuando se compartieron los últimos archivos.

Los investigadores aclararon que ahora se realizarán las pericias para determinar si las dos personas participaban de la red de pornografía infantil o lo hacía solo una de ellas. No están detenidos. Fueron notificados de la acusación, en libertad. El padre es el titular de la conexión del servicio de internet de la CPE. Ninguno de los dos tiene antecedentes penales.

Un delito con 3 a 6 años de cárcel

La imputación que afrontan ambos acusados está encuadrada dentro del artículo 128 del Código Penal, con un delito que prevé penas de entre 3 y 6 años de cárcel.

De todos modos, la acusación podría agravarse en el caso de que se comprobase que hay víctimas menores de 13 años en videos locales. "No sabemos si hay víctimas en La Pampa", aclaró la fiscala, en relación a que ahora deberá peritarse el material y precisarr responsabilidades y hechos.

El programa que usaban, explicó la policía, permite a los usuarios descargar y compartir archivos que están en otras computadoras de la red, que a la vez son compartidos con todos los usuarios de la red.

En el país se detectaron 79 usuarios en 14 provincias. En La Pampa, solo un objetivo.

Hasta el momento un total de 66 personas fueron detenidas entre Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Estados Unidos, y serán imputadas por descarga y tenencia de imágenes con contenido de explotación sexual infantil.

Un operativo internacional

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de la denominada Operación "Luz de Infancia IX", que es un megaoperativo internacional contra el abuso sexual infantil que fue iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (United States Department of Homeland Security) y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil, quienes utilizando un software P2P captaron información de usuarios que descargan y comparten material con contenido de explotación sexual infantil, delito previsto en el Art. 128 del Código Penal Argentino.

Se realizaron 70 allanamientos, de los cuales, 15 fueron en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, 18 en la Provincia de Buenos Aires, seis en Córdoba, ocho en Entre Ríos, tres en Santa Fe, tres en Chubut, cuatro en Chaco, tres en San Juan, dos en Misiones, dos en Neuquén, uno en Salta, uno en Formosa, dos en Jujuy y uno en La Pampa.

Este jueves, en conferencia de prensa, el Fiscal General, Juan Bautista Mahiques, destacó el trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, conducida por la fiscal Daniela Dupuy y advirtió que "nosotros tenemos el compromiso de atacar todo el ciclo de explotación sexual infantil: desde la producción del material prohibido hasta su eventual distribución, comercialización e inclusive la mera tenencia".

Y agregó: "Y en el caso de encontrar una producción de imágenes se agravaría la situación porque se comenzaría a investigar inmediatamente la posibilidad de un abuso, con penas aún mayores y que se sumarían a las anteriores".

El Fiscal General también remarcó que la operación fue posible gracias al trabajo coordinado de las distintas fuerzas de seguridad que trabajaron de manera eficaz a lo largo de todo el país.

En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, destacó la importancia de "no ceder un centímetro frente a la explotación sexual infantil", ya que se trata de "una práctica aberrante que pone en peligro a todos nuestros hijos".

En nuestro país, los allanamientos estuvieron a cargo de efectivos de la Policía de la Ciudad, de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval y bajo la coordinación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).