La decisión, que se efectivizó a través de la Resolución 2022/21 firmada por el jefe de la Policía, Héctor Lara, puso fin a la posibilidad de que las cooperadoras de las distintas seccionales policiales reciban de manera directa un depósito con el 40% del monto de la multa por parte del automovilista infraccionado.
Hasta ahora, el monto recaudado por las multas aplicadas a los infractores de la ley provincial 1554, es decir transportistas de pasajeros o de cargas que no tengan al día la verificación técnica vehicular, por ejemplo, debían abonar el 60% del importe de la infracción en la cuenta de Rentas Generales de la provincia. A su vez, el 40% restante de la infracción debía ser transferido por el infractor o infractora a una cuenta correspondiente a la Comisión Cooperadora de la Seccional o dependencia policial que labró la multa.
En los últimos meses ese mecanismo, vigente desde hace varios años en la provincia, comenzó a recibir cuestionamientos en las redes sociales y hasta se radicó una denuncia firmada por el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Julio Pechín, por supuesto desvío de fondos.

Modificación.
El mecanismo de cobro de multas por infracciones a la ley mencionada se enmarca en un convenio de colaboración firmado en 1989 entre la Dirección de Transporte del gobierno provincial y la Jefatura de Policía. Entonces, el hecho de que el 40% del dinero se deposite en las cooperadoras de las seccionales que labraron las infracciones les daba la posibilidad a las comisarías de tener dinero disponible para solventar gastos de funcionamiento.
Sin embargo, con la resolución del jefe de la Policía, se dispuso que «la Dirección de Administración deberá informar a Jefatura de Policía las actas de constatación labradas en función al Convenio referenciado por cada una de Unidades Regionales, a fin de realizar los trámites administrativos pertinentes para la incorporación del crédito presupuestario». A su vez, aclaró que «una vez acreditados los fondos a que refiere el artículo anterior, los mismos serán destinados a erogaciones corrientes y de capital de cada una de las citadas Regionales», con lo cual las cooperadoras ya no dispondrán de ese dinero de manera directa sino que tendrán que recurrir a las Unidades Regionales a solicitar partidas.