La misma firma ya viene realizando trabajos de fractura hidráulica en el área Puesto Rojas, también instalada en Malargüe, al sur de la provincia mendocina, donde ahora solicitó ampliar las actividades incorporando seis pozos más.
“La empresa ha dado cumplimiento al decreto N° 248/18, para pozos a perforar y presenta las declaraciones Juradas sobre volúmenes de agua a utilizar y no afectación de acuíferos, como asimismo Póliza de seguro. Analizada la información presentada por la Empresa, se considera que se está en condiciones de comenzar con el procedimiento de evaluación ambiental”, indica la resolución emitida por las autoridades cuyanas, según publicó el portal MDZol.
La encargada de realizar el dictamen técnico será la Universidad Nacional de Cuyo pero tendrá que pedir informes sectoriales al Departamento General de Irrigación y a la Municipalidad de Malargüe.
La Pampa exigió el año pasado en la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) que Mendoza facilitara información sobre las pruebas pilotos que había hecho en la zona con la técnica del fracking, debido a que una organización ambientalista cuyana hizo público un documento del Departamento General de Irrigación que confirmaba que dicho método de extracción estaba contaminando la cuenca del río Atuel.
“Los niveles de hidrocarburos en las napas de agua son de hasta cuatro veces mayor de lo permitido”, coincidieron los informes elaborados por la dependencia gubernamental y por la universidad mendocina. Sin embargo, nada detiene al gobierno de Mendoza en un afán de lucro y egoísmo. No sólo que está accionando sobre un recurso hídrico que fue declarado interprovincial por la Corte Suprema de Justicia, sino que lo hace por más que conoce que está contaminando el agua y violando el derecho humano de miles de pampeanos.
