Fue así que luego de un largo debate, y de un cuarto intermedio solicitado por el Frepam, se terminó declarando de interés regulatorio el uso de infraestructura de soportes, columnas y/o postes de red eléctrica. Los prestadores de otros servicios deberán tener la autorización de las cooperativas y pagar un canon por el uso de las columnas. Era un viejo reclamo de las entidades solidarias.

La iniciativa fue aprobada, en general, por los bloques Justicialista, Frepam, Frente Pampeano Para la Victoria y Pueblo Nuevo. En tanto, los cuatro diputados de Cambiemos se abstuvieron de votar.

En términos particulares, se votó positivamente el artículo 6 por 14 diputados del Justicialismo, menos la legisladora Sandra Fonseca y el resto de los bloques presentes que lo rechazaron, porque consideraban que se debía agregar en el articulado un punto aparte que establezca una tarifa diferencial a las empresas pampeanas que prestan servicios en el interior de la provincia.

En cuanto al artículo 12 (que establece que “las autorizaciones que conceda la autoridad de aplicación o los prestadores del servicio público de distribución de energía a los fines de la presente ley son intransferibles, bajo pena de revocación”), el bloque oficialista votó positivamente en forma unánime, mientras que los restantes bloques lo rechazaron.

El bloque del Frepam solicitó un cuarto intermedio para proponer, por un lado, agregar un punto tres en el artículo 6, con el objetivo de dejar sentado una tarifa diferencial para las pPymes pampeanas, y por otro lado, suprimir el párrafo anteriormente nombrado del artículo 12. Sin embargo, si bien hubo modificaciones en otros aspectos, el bloque del Justicialismo se comprometió a trabajar en conjunto con los diferentes actores durante el año entrante sobre el artículo 6.

El diputado Carlos Bruno (Frepam) fue el que comenzó la exposición. Advirtió que su bloque tiene una “historia” en cuanto al trabajo por este tema. “A pesar de que algunos medios dicen que somos lobistas de las grandes empresas, seguimos sosteniendo que las Pymes pampeanas brindan el servicio que las cooperativas y el Estado no dan en algunas localidades, como la Reforma, Chacharramendi, entre otras”, dijo.

“Sobre el artículo 12 -manifestó-, el órgano contralor lo ejerce el Estado, y por lo tanto no lo puede delegar en otros. Estamos de acuerdo en que no se pueda transferir las autorizaciones, pero creemos que el rol del Estado no se transfiere”.

La legisladora Sandra Fonseca (PJ) dejó sentada su posición desde el comienzo. “Yo había fijado posición en el recinto, y tuve la oportunidad de escuchar a (asesor gubernamental Alejandro) Gigena, y me hacían ruido sus expresiones. Me hubiese gustado que en la construcción de esta ley se hayan invitado a todos los sectores para debatir”, expresó. “Estuve escuchando a pequeños empresarios pampeanos, que invierten en la provincia y estaban preocupados en esta ley. Yo advertí que hubo una necedad de no escuchar argumentos. Bienvenidos en que podamos defender las cooperativos, pero también a los empresarios pampeanos que generan empleos. Me molestó que alguien haya dicho que los diputados hagan lobby, yo no vengo a proteger a Cablevisión, yo pregono por los empresarios pampeanos”.