El Gobierno provincial dispuso la cesantía de una docente de la Escuela Hogar N° 260 de Chos Malal, luego de que una investigación administrativa comprobara una serie de maniobras fraudulentas vinculadas al manejo de fondos públicos y recursos del Estado.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 333, fechado el 20 de marzo de 2026, que aprobó lo actuado en el sumario administrativo ordenado por la Resolución N° 786/24 del Ministerio de Educación, en el marco del expediente N° 7133/24, caratulado sobre la situación planteada en ese establecimiento educativo del oeste provincial.
En ese contexto, el artículo 2° del decreto dispuso declarar cesante, a partir de la notificación, a la docente Silvana Moira Roquel, por aplicación del artículo 85 inciso c) de la Ley N° 1124, al considerar que incurrió en transgresiones a las obligaciones previstas en el artículo 5°, incisos d), h) e i) de esa norma, así como también a disposiciones de la Ley de Educación Provincial N° 2511 y del Reglamento de Escuelas de Jornada Completa, en lo referido a funciones administrativas y responsabilidades del cargo directivo.
La investigación administrativa se inició en 2024 a partir de irregularidades detectadas en el manejo de la Escuela Hogar N° 260, ubicada en el paraje Chos Malal, y contó con la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y del Tribunal de Cuentas.
Según se determinó durante el proceso, la docente incurrió en diversas maniobras incompatibles con la función pública. Entre ellas, se acreditó la contratación de su esposo como comisionista de la institución, así como el uso de fondos escolares para la carga de combustible que luego era destinado a un vehículo particular.
También se constató que la docente permitió que su pareja condujera un vehículo oficial de la Provincia sin la autorización correspondiente, en infracción a las normas que regulan la utilización de bienes del Estado.
A estas irregularidades se sumó la falta total de rendición de gastos correspondientes al ejercicio 2023, lo que constituyó un elemento central dentro del sumario administrativo.
El Tribunal de Disciplina analizó las pruebas recolectadas y concluyó que las imputaciones estaban debidamente acreditadas, por lo que recomendó la sanción de cesantía. Esa recomendación fue avalada por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola.
