El proyecto fue firmado por los diputados Hipólito “Poli” Altolaguirre, Gisela Cuadrado y Sergio Pregno, del bloque radical; Noelia Viara y Celeste Rivas, de PRO-MID; y Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, de Comunidad Organizada. Los legisladores remarcaron que la sociedad demanda integridad y coherencia de sus representantes, especialmente frente a problemáticas tan graves como el narcotráfico.

La propuesta establece que deberán someterse a estos controles obligatorios el gobernador y vicegobernador, ministros, subsecretarios, legisladores, jueces, magistrados, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, personal jerárquico de la Policía, así como funcionarios de sociedades del Estado y SAPEM. Los análisis se repetirán anualmente y estarán a cargo del Ministerio de Salud, con el contralor de una comisión fiscalizadora integrada por representantes del Colegio Médico, la UNLPam, el Poder Ejecutivo, el Superior Tribunal de Justicia y los bloques legislativos minoritarios.

En caso de resultados positivos, se prevé la posibilidad de contrapruebas, además de medidas como licencias, suspensión en el cargo o incluso el cese de funciones, siempre con respeto a la Constitución y a la legislación vigente. Asimismo, se plantea la asistencia y acompañamiento a los funcionarios que atraviesen consumos problemáticos, garantizando un abordaje integral desde la salud pública. Los autores del proyecto señalaron que “no se puede exigir a la ciudadanía cumplir con la ley si quienes deben dar el ejemplo no están libres de condicionamientos”.

En los fundamentos del proyecto, los diputados remarcan que el consumo de drogas afecta la capacidad de juicio y limita la responsabilidad de quienes deben tomar decisiones trascendentes para la provincia. Además, sostienen que esta ley se enmarca en una política de Estado necesaria en tiempos de crisis y creciente presencia del narcotráfico. “La lucha contra las drogas exige funcionarios íntegros, con plena libertad de acción y exentos de cualquier dependencia que pueda condicionar su tarea”, señalaron los diputados firmantes, quienes en la última sesión se opusieron a la “Ley Medanito”. Con esta propuesta, buscan reforzar la confianza ciudadana y asegurar que los tres poderes actúen con total transparencia, fortaleciendo el compromiso del Estado pampeano frente a una problemática que atraviesa a toda la sociedad.