La sentencia, que también incluye el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos, convierte a la exmandataria en la segunda jefa de Estado en ser condenada a prisión en la historia de la democracia argentina, después de Carlos Menem. El fallo no solo confirma su culpabilidad en el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado, sino que trunca de manera definitiva sus aspiraciones políticas, impidiéndole ser candidata en las próximas elecciones.
Un fallo unánime y fundamentado
La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Si bien utilizaron la fórmula del artículo 280 del Código Procesal para rechazar el recurso, dada la trascendencia institucional del caso, acompañaron la resolución con sólidos fundamentos.
En su fallo, los magistrados sostuvieron que la condena se basó en “profusa prueba” y que en ningún momento del proceso se vulneraron las garantías constitucionales de la acusada. “El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, afirmaron.
La Corte desestimó los argumentos de la defensa, calificándolos como una “reedición” de planteos ya descartados en instancias anteriores y una mera “discrepancia” con el fallo adverso. Señalaron que la defensa no logró refutar los argumentos centrales de la condena, como la relación comercial entre la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez, y el rol clave del decreto 54/2009, firmado por la entonces presidenta, para beneficiar los intereses particulares de Báez en detrimento de la administración pública.
El futuro inmediato: ¿prisión domiciliaria?
Con la sentencia firme, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) deberá ahora determinar las condiciones de detención de Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa. Fuentes judiciales indican que es altamente probable que, debido a su edad (superior a los 70 años), se le conceda el beneficio del arresto domiciliario.
Este fallo representa el clímax de una larga batalla judicial y marca un hito en la política y la justicia del país, cerrando un capítulo de enorme resonancia pública sobre la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.