Aunque la Cámara Federal de Casación Penal haya confirmado hoy la condena de Cristina Kirchner, la expresidenta no quedará detenida porque la sentencia todavía no estará firme.

El nuevo Código Procesal Penal establece que las penas se ejecutan una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión y esto es cuando la Corte Suprema de Justicia rechaza el último recurso de la defensa, lo que puede demorar años. La defensa de Cristina Kirchner anunció ya que presentará la apelación.

No hay plazos previstos para que se pronuncie la Corte. De hecho, el expresidente Carlos Menem murió con un condena confirmada por la Casación, pero sin que la Corte resolviera su caso y, por ende, sin que la pena empezara a regir.

En los últimos años, la Corte se pronunció en cambio -y dejó firmes- las condenas a Amado Boudou, a los responsables de la tragedia de Once -incluidos empresarios y funcionarios-, a Ricardo Jaime y a José López, detenido con bolsos con nueve millones de dólares. Todos estas condenas llevaron a los condenados a prisión.

El artículo 375 del Código Procesal Penal Federal establece que “solo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes” y ese es el motivo por el que todavía la expresidenta no irá a prisión.

¿Candidatura prohibida?

En principio tampoco se puede aplicar, hasta que no quede firme, la inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta en el juicio y ratificada por la Casación. En materia electoral, la autoridad es la Cámara Nacional Electoral. Su última jurisprudencia sostiene que sólo se le puede prohibir competir a quien tiene condena firme. Sin embargo, explicaron fuentes de la justicia electoral, esto se dispuso en un fallo firmado por conjueces y el criterio podría modificarse.

Más allá de esto, si prosperara la ley de ficha limpia que el Pro y otros sectores impulsan en el Congreso, Cristina Kirchner quedaría excluida de la carrera electoral.

Desde que decidió pelear por convertirse en presidenta del Partido Justicialista, crecieron las versiones de que su intención es ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2025, para instalarse desde esa plataforma como la principal opositora al gobierno de Javier Milei. Ese proyecto queda sujeto, entonces, a los tiempos de la Corte y a la suerte que corra en el Congreso el proyecto de ficha limpia, que niega la posibilidad de competir a cualquier persona con condena en dos instancias (no necesariamente firme).