Es crucial entender que este juicio es solo uno de los varios que deberían haberse llevado a cabo. Este juicio se centra en los autores materiales del atentado, es decir, las personas que llevaron a cabo el intento de asesinato. Sin embargo, la justicia ha demostrado una notable falta de interés en investigar a los autores intelectuales. La gran pregunta que queda sin respuesta es: ¿quién ordenó matar a Cristina Fernández de Kirchner? No investigar esta dimensión del caso es, en sí mismo, un acto de encubrimiento. No se quiere descubrir quién estuvo detrás de este atentado, y la justicia ha mostrado una sorprendente negligencia en seguir esta pista crucial.

Lo más escandaloso ocurrió a pocas horas del atentado. El contenido del celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que apretó el gatillo, fue completamente borrado. Este dispositivo estaba en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti cuando esto sucedió. La eliminación de esta evidencia crítica plantea serias preguntas sobre la integridad de la investigación y sugiere un intento deliberado de ocultar información clave que podría haber llevado a los autores intelectuales del atentado. ¿Qué contenía ese celular que alguien no quería que se descubriera? La pérdida de esta evidencia vital no solo entorpece la investigación, también socava la confianza en el sistema judicial.

Luego, está la cuestión de los financiamientos. La familia Caputo, integrada por empresarios y amigos íntimos del expresidente Mauricio Macri, financió a organizaciones políticas violentas que amenazaban de muerte a Cristina. Revolución Federal fue una de estas agrupaciones que, con guillotinas y amenazas de muerte, fomentaron un clima de violencia que culminó en el atentado. Este grupo se disolvió rápidamente después del intento de asesinato, pero el daño ya estaba hecho. La financiación de estas actividades por parte de la empresa Caputo Hermanos es un hecho que no puede ser ignorado.

Días antes del atentado, un episodio inquietante tuvo lugar en un bar. Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, fue escuchado diciendo: "Cuando la maten, voy a estar camino a la costa". Y, efectivamente, dos días después, mientras se perpetraba el atentado, Milman estaba camino a la costa. Cuando fue llamado a declarar, ya había formateado su celular, eliminando cualquier rastro de posibles pruebas. Este acto de eliminación de pruebas ocurrió en las oficinas de Patricia Bullrich, con la ayuda de un perito informático que ahora es funcionario del Ministerio de Seguridad.

El intento de asesinato no ocurrió en un vacío. Fue el resultado de un clima de violencia creciente contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner, un clima promovido judicial, mediática y políticamente. Este ambiente hostil fue alimentado por discursos de odio y amenazas constantes, creando un contexto en el cual un acto de violencia extrema parecía inevitable.

La pregunta crucial que este juicio no está respondiendo es: ¿quién mandó a matar a Cristina? Y la razón por la cual no se está respondiendo esta pregunta es clara: la justicia se ha negado a investigar. En Argentina, existe un pacto de impunidad entre sectores políticos, mediáticos y judiciales que ha impedido la investigación de los autores intelectuales y el financiamiento de este intento de asesinato. Esta colusión de poderosos intereses ha creado un muro de protección alrededor de los verdaderos culpables.

Finalmente, es alarmante que figuras como Luis “Toto” Caputo y Patricia Bullrich hayan sido premiadas a pesar de sus claras vinculaciones con el encubrimiento del atentado. Esto envía un mensaje peligroso: en Argentina, aquellos con poder e influencia pueden actuar con impunidad, sin temor a las consecuencias.

La justicia debe cumplir su deber de investigar a fondo este caso y llevar ante la ley a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales. La sociedad argentina no puede darse el lujo de permitir que un intento de asesinato contra una figura política de la envergadura de Cristina Fernández de Kirchner quede impune. La transparencia y la justicia son esenciales para la democracia, y es imperativo que la verdad salga a la luz. No debemos permitir que el encubrimiento y la impunidad prevalezcan. Hace unos días escuchamos a la actual ministra de seguridad, Patricia Bullrrich mencionar que “en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas judiciales”. Coincidimos absolutamente, y es por eso que interpelamos a las autoridades judiciales respectivas a que se realicen una investigación fehaciente sobre todo lo ocurrido.

El caso del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner es un reflejo de los problemas más profundos de la política y la justicia en Argentina. La manipulación de pruebas, el financiamiento de la violencia y el encubrimiento por parte de figuras poderosas son síntomas de un sistema que necesita una reforma urgente. Solo mediante la verdad y la justicia podemos esperar construir un futuro mejor para Argentina, uno en el que la violencia y la impunidad no tengan cabida.

* Diputada provincial y vicepresidenta del PJ La Pampa.