El texto completo del discurso es el siguiente:

En diciembre pasado, al asumir el segundo mandato, ratifiqué la decisión de continuar en la senda del desarrollo económico y social de la provincia.

Agregué que era imprescindible seguir fortaleciendo nuestro modelo de producción y trabajo, de crecimiento con inclusión y de bienestar social creciente.

Pero también advertí acerca del impacto negativo que vislumbrábamos por el efecto del modelo jurídico y económico que el gobierno nacional pretendía instaurar en la Argentina.

Hoy debo decir que, lamentablemente, no nos hemos equivocado.

Esa amenaza se ha transformado en una dura y angustiante realidad.

Sólo han transcurrido 80 días de gestión y ya convivimos con una inflación desenfrenada, producto de una devaluación inédita y de la libertad tan deseada que obtuvieron y aplican a gusto los formadores de precios, sin control con un estado ausente.

La suba irracional de los precios de los alimentos está llevando a la pobreza y a la indigencia a una abrumadora mayoría de la sociedad argentina.

Como si esto fuera poco, el gobierno nacional ha confirmado su menosprecio al país federal, identificando a las provincias como estados inviables y de ser las causantes del déficit fiscal nacional.

Quiero hacer un paréntesis en este tema para revertir con datos oficiales, tamaña mentira.

La Pampa no es responsable de ningún déficit nacional. Las y los pampeanos deben saber cuál es la verdad.

Nuestra provincia no tiene déficit ni tiene deudas. Contamos con fondos anticíclicos.  

La Pampa es un ejemplo de orden fiscal.

Nuestra provincia tuvo un crecimiento económico del 67 % en los últimos 18 años, ubicándonos en el sexto lugar, 20 puntos por encima de la media nacional. Particularmente, en 2022 crecimos un 9,1 %.

Nuestras exportaciones crecieron en 3 años un 33 %, marcando un record histórico.

Producto de esas exportaciones, somos una de las pocas provincias que le genera al Estado Nacional más dólares de los que consume.

Somos la provincia con el mayor índice de desarrollo humano y con la mayor igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.

En nuestra provincia año a año se acentúa la diferencia entre empleo privado y empleo público registrados.

En el período 2011/2022 generamos más empleo privado que público. En los últimos 10 años, mientras el censo marcó un incremento del 15 % de la población total, el empleo público sólo creció un 5 %, profundizando la caída de la relación entre agentes públicos y la totalidad de los habitantes.

A ello se suma que, en nuestra provincia, 3 de cada 4 agentes públicos son los que diariamente tienen la responsabilidad de sostener la salud, la educación, la seguridad o la justicia.

Nuestra provincia es una de las que proporcionalmente menos depende de la coparticipación federal.

Presupuestariamente el pago de salarios público se encuentra por debajo del 40 % del total de los recursos.

En nuestra provincia, en 2023 se alcanzó el nivel de empleo privado más alto desde 2009, potenciados por la generación de 6 mil puestos de trabajo en los últimos 4 años.

La presión fiscal de nuestra provincia es una de las más bajas del país. 

Podríamos sumar más indicadores que nos distinguen en el contexto nacional. Y basados sólo en información oficial, no en opiniones interesadas y maliciosas.

Reitero, La Pampa no tiene responsabilidad alguna en el déficit fiscal central.

En La Pampa el ajuste lo hacemos trabajando por más y mejor Estado. Desde siempre y día a día.

Y lo haremos aun cuando, día a día, disminuyen los recursos coparticipables tanto por la fuerte caída de la actividad económica como por decisiones arbitrarias del Gobierno nacional.

Simultáneamente crecen los ingresos del estado nacional, producto de la devaluación de la moneda o del incremento de impuestos no coparticipados, tornando cada vez más tangible el unitarismo distributivo.

También nos han quitado recursos no automáticos, mal llamados discrecionales. Porque tienen su anclaje en leyes de afectación específica o en acuerdos de partes, en este caso aprobados por esta legislatura.

Quiero dejarles un dato para que podamos tener magnitud de ese desprecio, que no es un destrato al gobernador o una provincia, sino un castigo a su pueblo.

Desde el 10 de diciembre han transcurrido sólo 80 días y los fondos no transferidos por el gobierno nacional ya alcanzan al día de hoy la suma de 18.907.821.956 pesos.

Es dinero estaba destinado a viviendas, a rutas, a obras urbanas, la salud, a educación, a salarios docentes, a la caja de jubilaciones, al subsidio del transporte.

Esos recursos nos corresponden por pertenecer a un país constitucionalmente federal.

Las provincias somos las que producimos y generamos la riqueza del país. El Estado nacional sólo la administra.

Más aún, la prestación de los servicios públicos esenciales que son pilares de la calidad de vida: salud, educación, seguridad y justicia, son sostenidas casi con exclusividad por los estados federales.
 
Por ello, debe quedar claro: no pedimos dádivas, exigimos lo que nos pertenece.

Preocupa aún más que el propio Presidente exprese livianamente que “todavía falta lo peor”.

Sin dudas estamos en presencia de una tormenta perfecta que, de mantenerse en el tiempo, generará un escenario cada vez más desfavorable, no sólo para una importante mayoría de la sociedad pampeana, no sólo para las finanzas provinciales y municipales, sino fundamentalmente para nuestro futuro como estado autónomo.

Ante este complejo escenario pondremos en marcha herramientas extraordinarias que nos permitan seguir dando respuestas a nuestras responsabilidades originarias, como así lo marca la historia del involucramiento del Estado en el bienestar de las y los pampeanos.

Focalizaremos recursos ya previstos presupuestariamente, pero que hoy financian otros fines. También incorporaremos aportes extraordinarios de quienes tienen mayor capacidad económica.

Porque trataremos de utilizar lo menos posible recursos que integran nuestro fondo anticíclico.

Nuestra independencia económica, es la mayor herramienta para sostener nuestra histórica entidad de estado soberano.

Y la vamos a defender como siempre, más que nunca.

En esta compleja coyuntura, nuestra máxima prioridad serán la educación y la salud, la seguridad ciudadana, el acceso a los alimentos de los sectores vulnerables y el sostenimiento de la obra pública.

Y esas prioridades deben ser políticas de estado.

En la próxima semana enviaremos a esta legislatura dos proyectos de ley, con sendos objetivos prioritarios.

El primero proyecta garantizar el acceso a los alimentos por parte de núcleos familiares en estado de vulnerabilidad social.

Los recursos previstos en el presupuesto 2024, indudablemente serán insuficientes.

No sólo por el descomunal e incesante aumento de los alimentos sino porque lamentablemente serán muchos los grupos familiares que caerán en la indigencia.

Para hacer frente a esa mayor erogación el proyecto de ley sumará recursos desde dos nuevas fuentes de financiamiento.

En primer lugar, transformaremos en afectación específica recursos que hoy ya se aplican en todo el territorio provincial, pero que tienen carácter de distribución discrecional por parte del Poder Ejecutivo en su relación con Municipios y Comisiones de Fomento.

En la actualidad, la detección y respuesta de cada necesidad alimentaria es tarea conjunta entre provincia y municipios.

Estos nuevos recursos seguirán dando respuesta en cada localidad, ante la grave situación social.

En segundo lugar, estableceremos un aporte solidario y extraordinario que alcanzará principalmente a todo el sector financiero, pero además a los altos salarios públicos provinciales y a la posesión de inmuebles y vehículos vinculados a las mayores valuaciones fiscales.

La mayoría de los ciudadanos de la provincia, no sólo no tienen ninguna posibilidad de contribuir más, sino que, con el aumento exponencial de todos los precios, muchos sectores ni siquiera llegan a fin de mes, y otros, con dolor y enojo lo digo, han caído en el umbral de la pobreza y la indigencia.

Entonces no hay modo, no hay forma de que el ajuste lo sigan soportando ellos.

La segunda iniciativa que enviaremos a este Poder Legislativo se vincula a un imprescindible salvataje de la obra pública.

Sabido es el enorme daño que produce la paralización de una obra pública.

Por las consecuencias de abandonar el patrimonio público, por lo cuantioso de su prosecución posterior, pero principalmente por el despido de cientos de trabajadoras y trabajadores.

El gobierno nacional ha hecho realidad su propósito de cancelar el financiamiento de las obras que fueron licitadas por el gobierno provincial, que pagaba el Gobierno Nacional según convenios con esta provincia y que han sido avalados por esta legislatura.

Pero más aún, han desligado sus responsabilidades de pago de las obras que lo tienen como contratante directo con constructoras pampeanas. Es por todos conocida la cantidad de obras nacionales totalmente paralizadas.

Ante esta situación, el gobierno provincial no permaneció impasible.

Desde el inicio de la nueva gestión nacional, este gobernador no logró audiencia alguna con el entonces, y ahora renunciado, ministro de infraestructura nacional.

Asimismo, en el mes de enero se remitió nota con un pormenorizado informe de cada obra en particular, sin haber obtenido respuesta alguna.

Ante este cuadro de situación, es imperante tomar medidas inmediatas para tratar de revertir esta realidad. En ese objetivo se asienta nuestra propuesta legislativa.

Paralelamente, para definir nuevas obras públicas priorizaremos aquellas que vinculan el beneficio social que provocan y el impacto laboral que conllevan.

Por ello, el presupuesto disponible será ejecutado mayoritariamente en la construcción de nuevas viviendas.

Pondremos en marcha la construcción de 1.000 viviendas distribuidas en cada una de las 80 localidades de la provincia, a través de las distintas operatorios que lleva adelante el IPAV.

Ello sin perjuicio de nuestra intención de concluir, con recursos propios, las 630 viviendas del plan Procrear ubicadas en Santa Rosa, General Pico y Toay, que abandonó el gobierno nacional en La Pampa.

Para ello, y como ya lo mencionamos, buscaremos el acompañamiento de esta legislatura y la anuencia del gobierno nacional.

A pesar de todos estos escollos, y complementariamente a la tarea de paliar la coyuntura social y económica, buscaremos consolidar nuestro modelo de provincia productiva e inclusiva.

En la historia económica mundial no existen registros de países de desarrollados sin un sector privado fuerte y competitivo que pueda insertarse en el mundo. Tampoco existen antecedentes de crecimiento sostenible en países con estados débiles.

Por ello, afrontaremos la crisis sosteniendo la importancia y el valor del estado como potenciador de una economía privada que apueste modernizarse y defender lo construido.

Claramente, en total contraposición al modelo de anarquía libertaria propuesta por el gobierno nacional.

En contraste con el modelo concentrador, libertario y dolarizador, nuestras políticas de estado seguirán siendo apostar a la producción, a las pymes y al trabajo.

Políticas de Estado, apoyadas en cuatro pilares históricos:

La responsabilidad fiscal que determina una administración austera y equilibrada; la equidad que garantiza el acceso a servicios públicos de calidad en cada rincón del territorio; la sostenibilidad ambiental de cada política pública y la soberanía económica que da sustento y fortaleza a cada una de ellas.

Consecuentemente con ello, ratificamos cada objetivo de la gestión, tal como lo especificamos el pasado 10 de diciembre, al iniciar el actual período constitucional. Para explicarlas en detalle, cada responsable de jurisdicción estará dispuesto ante la invitación de este cuerpo legislativo.

No obstante, profundizaré en alguna de ellas.

En educación siempre entendimos que el mediano y largo plazo se construye desde el presente y con políticas claras, consolidadas y probadas.

Hoy atravesamos un escenario económico de incertidumbre e imprevisibilidad que nos exige concentrarnos en acciones concretas, precisas y eficaces a corto plazo.

La decisión de desfinanciar la educación por parte del gobierno nacional y la indefinición de la paritaria nacional docente, nos pone en alerta para buscar herramientas que morigeren su impacto negativo.

Es esperable que en los próximos días el Congreso Nacional ratifique su carácter de política de Estado y enmiende la ausencia nacional en su financiamiento.

Sin perjuicio de ello, seguiremos adelante con lo planificado y expresado aquí en el pasado mes de diciembre.

Les dejo sólo un ejemplo de ello. En 2024 la universalización de la sala de 3 años garantizará el acceso a la educación a niñas y niños de esa edad.

Una fuerte inversión en cargos y formación docente, infraestructura y equipamiento que ratifica que, en La Pampa, seguimos invirtiendo en el futuro.

Como mencionáramos anteriormente, uno de nuestros principales objetivos es preservar la excelencia de la salud pública.

Sobre todo, porque nos enfrentamos a una creciente demanda debido a la retirada de las instituciones privadas afectadas por la situación económica, así como la migración de sus pacientes hacia los hospitales públicos.

Aun así, seguiremos incorporando respuestas desde el Estado.

A pesar del abandono de compromisos contraídos con nuestra provincia por parte del gobierno nacional, avanzaremos en la puesta en marcha del Centro de Medicina Oncológica en la ciudad de Santa Rosa.

De esta manera, daremos respuestas de alta calidad en el territorio y terminar con las derivaciones fuera de la provincia, que tanto costo social y económico generan.

Con recursos propios avanzaremos para ponerlo en marcha a partir de convenir con el INVAP, una empresa pública de la provincia de Río Negro que tiene la dirección compartida por la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Los objetivos del Plan Estratégico de desarrollo energético provincial se mantendrán inalterables.

La generación de energía seguirá siendo el instrumento estratégico para alcanzar la soberanía que nos permita equilibrar la rentabilidad con precios razonables y justos.

El parque solar fotovoltaico de Victorica es una realidad e íntegramente pampeano.

Durante 2024, su generación permitirá que 762 millones de pesos queden en la economía provincial.

A pesar del abandono del gobierno nacional, las metas generadas en la articulación de Pampetrol con YPF seguirán siendo parte de nuestro avance.

Y lo haremos con recursos propios.

El próximo objetivo será la construcción de un nuevo polo de generación. Ubicado en General Pico dará respuesta a la región. Se trata de un nuevo parque fotovoltaico que, en su primera etapa, con 10 MWA de potencia y una inversión de 6,8 millones de dólares.

Para avanzar en estos objetivos, ingresaremos a este Poder Legislativo un proyecto de ley que contemple la creación de un Fondo de Remediación Ambiental, que tendrá por objeto no sólo la necesaria remediación y saneamiento de áreas hidrocarburíferas sino también de fijar un mecanismo de financiamiento para proyectos de generación.

Por ello, además destinaremos a la generación, todos los ingresos extraordinarios que se generen por nuevas concesiones de áreas hidrocarburíferas.

En tal sentido, es importante destacar que en el transcurso del presente mandato se producirá el fin del contrato del área Medanito, una de las más importantes de nuestra provincia.

Ante tamaña decisión constituiremos una mesa de trabajo a la que invitaremos a todos los actores provinciales involucrados en la temática, para diseñar una propuesta y plasmarla en un proyecto de ley a ser remitido a este Poder Legislativo.

Sin perjuicio de la acción del Estado, no abandonaremos la tarea de captar inversiones privadas que apuesten a ser parte del desarrollo energético provincial.

Día a día, trabajamos por tener un Estado cada vez más moderno, dinámico y eficiente.

Es por que proyectamos poner en marcha en forma completa el Plan Estratégico de Modernización e Innovación de la Administración Pública Provincial.
Un plan que conjuga la aplicación de nuevas tecnologías con la creciente capacitación del recurso humano.

Sin dudas que la vigencia de este proceso de digitalización, ya reemplaza la tarea que hoy realizan agentes públicos.

Por ello, hemos diseñado una herramienta acorde a esa contingencia. Pondremos en marcha el acceso voluntario a una jubilación anticipada.

Esta decisión de gobierno va en línea con dar respuesta a quienes, luego de una larga trayectoria en la administración pública, encuentran dificultades para la adaptación a los nuevos entornos digitales.

Pero también, para atender el pedido de organizaciones gremiales y dar respuesta para quienes ya han cumplido con creces su misión de estar al frente de la prestación de servicios públicos, como es el caso específico de trabajadoras y trabajadores de la salud que, además, estuvieron en la trinchera cuidándonos durante la pandemia.

Estará destinada a agentes de los tres poderes del Estado con un mínimo de 30 años de aportes previsionales y una edad mínima de 55 años para las mujeres y 60 años para los varones.

Las y los agentes que opten por este nuevo beneficio tendrán garantizado el 82 % móvil de su salario de bolsillo.

Esta jubilación anticipada también podrá ser opción para agentes de Municipios y Comisiones de Fomento.

En el proyecto de ley que enviaremos a esta legislatura, pretendemos obtener la facultad de convenir con esos gobiernos locales para su puesta en vigencia.

En tal sentido proponemos hacernos cargo de los recursos que correspondan a los gobiernos locales a partir de la contraprestación de no incorporar nuevo personal.

Este esfuerzo presupuestario será soportado por el Estado provincial, eliminando cualquier impacto negativo en la sustentabilidad del sistema previsional provincial.

En línea con el propósito de esta decisión, las vacantes producidas por estos beneficios previsionales serán eliminadas.

Como lo habrán percibido, este informe plantea un denominador común: cómo enfrentar el retiro y el incumplimiento del Estado nacional. Una realidad que potencia la crisis económica que ha provocado.

Pero, como paradoja, surge nítidamente que sólo la presencia del estado podrá morigerar el impacto negativo de este modelo de concentración de la riqueza y empobrecimiento de la mayoría de los argentinos.

Ante esta realidad, no deben quedar dudas que el objetivo de este gobierno provincial será fortalecer el rol del Estado. No es casualidad que el Papa Francisco exprese que “el Estado hoy es más importante que nunca”.

En consecuencia, venimos a proponer a este cuerpo fortalecer la capacidad del Estado para atenuar las consecuencias de esta profunda crisis económica a la que nos ha llevado el gobierno nacional.

Pero también, para que el Estado provincial pueda sostener su rol ordenador de la economía.

Bajo esa concepción, bienvenido sea el debate.

Bienvenido el diálogo que busca consensos. En todos los niveles, como siempre lo hemos propiciado. Pero debe ser diálogo con respeto.

No podemos normalizar que la irracionalidad obstruya el debate.

No tengo ninguna duda que compartiremos aquellas iniciativas que redunden en el crecimiento de la Argentina y de nuestra provincia. Y con ello, del bienestar social.

Por el contrario, no avalaremos ninguna que pretenda cercenar derechos de las y los pampeanos. Y más aún si van en contra de nuestra historia y de nuestra entidad de provincia autónoma.

Tampoco deben quedar dudas que resistiremos cualquier intento foráneo de destruir nuestra soberanía política a partir de quebrarnos económicamente.

Más que nunca, pondré todas mis fuerzas para que la fortaleza financiera que heredé, y administré en favor de las y los pampeanos, sea la principal herramienta de gestión del gobernador o de la gobernadora que me suceda.

Quienes pretenden gobernar La Pampa deben saber que, sin un Estado política y económicamente autónomo, el pueblo pampeano no tiene futuro.

La dirigencia política de La Pampa no sólo debe reivindicar su razón de ser, sino principalmente garantizar que el futuro de nuestra provincia lo seguiremos definiendo democráticamente. Y entre las y los pampeanos.

Sin más, dejo inaugurado el período de sesiones ordinarias del año 2024 de esta Cámara de Diputados.

Muchas Gracias.