Lo hará en patrocinio de organizaciones gremiales, de jubilados y de derechos humanos de esa ciudad.
Según explicó, se trata de un amparo colectivo que será ingresado una vez que el Ejecutivo promulgue la norma. En el mismo, planteará la inconstitucionalidad de la ley basado en que ya se encuentra en curso el período sobre el cual los pasivos deberían recibir una actualización en marzo de 2018. Según entiende, esto estaría afectando la retroactividad de lo que deberían percibir de aumento, sobre el cual ya se han generado derechos y expectativas legítimas.
“El problema es que en este momento están afectando el cómputo que se está generando, porque actualmente se estuvo generando un índice de aumento, de acuerdo a una fórmula polinómica. Estamos a mitad del proceso. Entonces, lo más grave y lo más fácilmente anulable es esto. Porque acá ya hay un derecho adquirido de todos estos meses”, explicó.
