Se trató de otro juicio abreviado convenido por Cupayolo y Zabala, que contó con la aprobación de la madre del niño.
En la parte resolutiva, el dispuso por dos años que el acusado deberá fijar domicilio, concurrir cada tres meses al Juzgado de Paz del lugar donde vive, someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal y no acercarse ni mantener contacto con la víctima y sus progenitores.
Además, una vez que el fallo quede firme, tendrá que comunicárselo a la Procuración General para que el abuelo sea incluido en el Registro de Procedimiento y Notificación de Antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual.
Espínola, en base a las pruebas, señaló que la denuncia de la madre, el testimonio de la víctima en Cámara Gesell y el informe psicológico “corroboraron la vinculación del imputado con los hechos” y añadió que la profesional remarcó la existencia de compatibilidad entre los hechos y el relato del chico.
“Evidentemente existió el aprovechamiento de una situación de confianza, como abuelo al quedar al cuidado del niño, mientras el padre se encontraba trabajando (…), conductas que por falta de comprensión del niño e imposibilidad de consentir, afectó su libertad sexual”, concluyó el juez.​
