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3 de agosto de 2021

Fiscal fue condenado a pagar $1,4 millones por violencia de género

Juan Carlos Alessandra tiene 10 días para indemnizar a una agente judicial con la que tuvo una relación amorosa y un hijo, al que no reconoció pese al ADN positivo

La Justicia Civil condenó al fiscal Juan Carlos Alessandra a pagar una indemnización de $1,4 millones por haber ejercido violencia de género contra una empleada judicial con la que mantuvo una relación amorosa y que dio a luz a un hijo de ambos.

El fallo de la jueza María Luz Coussirat, del Cuarto Juzgado de Gestión Asociado, considera que el magistrado instigó a la mujer a abortar y que más tarde se valió de su posición laboral de privilegio para presionarla y negarle el traslado a un nuevo destino laboral.

La identidad de la demandante se mantiene en reserva para preservar su integridad así como la de su hijo, que ya tiene 8 años y lleva el apellido materno.

Los datos filiatorios del fiscal se publican debido a su condición de magistrado de la provincia y de persona pública. Y más aún: porque los hechos juzgados y sentenciados sucedieron en el ámbito laboral del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de Mendoza.

Alessandra, que se desempeña en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, ya apeló esta decisión en la Cámara Civil. El expediente judicial está inicialado e identificado como P., V. G. C/ A. I., J.C. por Daños y Perjuicios.

La mujer, que se desempeñaba como auxiliar de la fiscalía a cargo de Alessandra en Godoy Cruz en el turno tarde, acudió a la Justicia Civil por sí y también en nombre del hijo de ambos. Dijo que comenzó a trabajar en 2010 y que dos años después quedó embarazada de Alessandra, producto de una relación sentimental que mantenían secreta.

Reclamó una indemnización total de $950.000 que se disgregan de este modo: $550.000 por daño moral y psicológico sufridos por ella y el hijo y $400.000 por los alimentos adeudados desde que nació el chico hasta que Alessandra comenzó a pagarlos en la Justicia de Familia vía acuerdo extrajudicial.

El caso es conocido en el mundillo de los tribunales, incluso pasó por la Sala Tercera de la Suprema Corte de Justicia y la Dirección de Recursos Humanos, cuyas actuaciones sirvieron como pruebas de este proceso civil.

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