Las últimas horas fueron vertiginosas en relación a la situación política de Santa Isabel.

El fallo del STJ lleva la firma del ministro José Sappa y de la ministra Elena Victoria Fresco.

Primeramente, la Justicia pampeana hizo lugar a una presentación realizada por la defensa Marta Paturlanne y suspendió la sesión del Concejo Deliberante convocada para el jueves 25 de marzo. Ese día, se espera la destitución de la intendenta de Santa Isabel por las votaciones que se sucedieron hasta ahroa y las posturas políticas de los concejales.. 

La resolución, firmada por el juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la IV Circunscripción, Javier Trombiski, se conoció este lunes a la mañana y tiene respuesta sobre dos planteos diferentes.

Por un lado, la defensa de Paturlanne -ejercida por la abogada Carina Salvay- pretendía anular mediante un recurso de amparo la acusación por falta de procedimiento. Por el otro, a través de una medida cautelar, conseguir la inmediata suspensión de la sesión de este jueves hasta que se resolviera la cuestión de fondo.

El juez Trombiski se declaró incompetente en el primer planteo, y lo elevó al STJ, pero hizo lugar a la cautelar y suspendió la sesión hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

La presentación judicial de la defensa de Paturlanne se basó en un episodio que ocurrió dentro del Concejo Deliberante de la oestela localidad pampeana: luego de que la Comisión Investigadora determinara, en un "informe de mayoría", que no había razones para destituir a la intendenta, una ofensiva que llegó de la mano del concejal opositor Bernardo Ocejo (Cambiemos), introdujo un "informe de minoría" que fue votado por la mayoría con la que cuenta en el seno del CD el viceintendente Guillermo Farana.

La estrategia de la abogada Salvay hizo hincapié en que como no hay una normativa en el Concejo Deliberante local que reglamente la destitución de un intendente o intendenta, debe plicarse la más cercana que se asemeje en cuanto a regulación del procedimiento que se intente llevar adelante. Es decir, la norma provincial que establece la posibilidad de un juicio político.

Desde el entorno de Paturlanne explicaron que la Ley de Juicio Político establece que tiene que haber una Sala Acusadora y una Sala Juzgadora.

En este hecho puntual, la Sala Acusadora -que investiga y acusa- fue la Comisión Investigadora que en este caso no acusó a Paturlanne. La Sala Juzgadora iba a ser el Concejo Deliberante en pleno.

"En decir que el próximo jueves el Concejo Deliberante de Santa Isabel se iba a atribuir la facultad de acusar y de juzgar al mismo tiempo, entonces se pierde la imparcialidad y se viola el debido proceso que la Constitución Nacional y todos los tratados internacionales garantizan a cualquier ciudadano...en razón de eso se presentó el recurso de amparo y la cautelar", precisaron.

La cuestión de fondo quedó en manos del Superior Tribunal de Justicia que deberá expedirse sobre el tema.

Cautelar revocada

La Sala C del STJ, integrada por el juez José Sappa y la jueza Elena Fresco intervino de oficio en el caso Santa Isabel, ya que el juez Trombicki remitió el caso a esa sala. Emitió un fallo con cuatro puntos en los que aceptó el caso, estableció que el conflicto debe regirse por el Código Contencioso Administrativo, el otrogó un plazo de 5 días a Patrulanne para sostener la demanda y revocó la cautelar dictada  por el juez de Victorica que había suspendido la sesión del jueves 25.

La Procuración General emitió un dictamen declarando la competencia de la Sala C, dedica a los temas contencioso administrativo.

Sappa y Fresco,  en relación al amparo,  afirmaron que debe ser una cuestión "excepcional" (para el resto están las vías ordinarias) donde estén en riesgo derechos de raigambre constitucional. La Sala C afirma que Paturlanne solo invocó la "urgencia" pero "sin invocar ni acreditar que se este ante una situación de excepción ni de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que justifiquen apartar la contienda jurisdiccional de su causa y jueces naturales". No obstante aceptó tener incumbencia.

En relación ala medida cautelar, el STJ sostuvo que el juez de Victorica adoptó esa medida "en inobservancia de lo dispuesto en el C6digo Procesal Contencioso-Administrativo y sin que  estuviesen dadas  los presupuestos procesales  a las que se encuentra condicionada su procedencia".

La destitución que está latente

Por ahora, la destitución de la intendenta Paturlanne que había quedado "stand by" con la cautelar de Trombicki ahroa sigue latente.

El Concejo Deliberante de Santa Isabel había votado el martes pasado para imputar a la jefe comunal por diversas razones: hubo 4 votos a favor y 2 en contra.

Votaron por sentar en el banquillo a la jefa comunal su vice Guillermo Farana, el también peronista Cristian Echegaray y las referencias de Cambiemos, Bibiana García y Bernardo Ocejo.

El paso previsto era que Paturlanne se presentara este jueves 25 en el Concejo para hacer su descargo y "defenderse" de las acusaciones. Luego de ese trámite el mismo cuerpo legislativo decidía si la sancionaba o no. Ahora, con la decisión de la Justicia, el pretendido proceso de juzgamiento quedó suspendido.

La pelea política lleva varios meses convulsionando políticamente a Santa Isabel. Paturlanne es acusada de que no presentó balances en tiempo y forma y por algunas otras decisiones económicas (como compras directas) o políticas (la incorporación de profesionales a la planta, la no promulgación de algunas ordenanzas).

En el medio se mezclan los intereses de una interna que amenaza en algún punto con provincializarse: Santa Isabel quedó en el foco.

Días atrás diputados provinciales no alineados con el vernismo respaldaron a la jefa comunal. Paturlanne llegó al cargo tras vencer en una interna a José Luis Rodríguez, uno de los intendentes preferidos de Carlos Verna.

El batacazo fue también un cimbronazo para el peronismo y Paturlanne puso en evidencia algunos aspectos de la "pesada herencia" que recibió.

Esa pelea se hizo cada vez más fuerte. La tensión y el conflicto explotaron cuando la intendenta denunció a su vice, Farana, por violencia de género.

La causa judicial se archivó pero los resentimientos políticos permanecen. Farana busca quedarse con el cargo, aunque dice que lo intenta en pos de la "transparencia" y el bien de su comunidad.

Hasta ahora la Provincia miró el conflicto desde afuera, bajo el argumento de que no quiere vulnerar la autonomía municipal. El gobernador Sergio Ziliotto recibió una nota de sectores internos del peronismo que pidieron que cese "la violencia política" contra la intendenta.

EL DIARIO