«Es joda», resumió el diputado provincial Espartaco Marín su mirada respecto del cambio de jurisdicción de la causa que investiga el espionaje durante el macrismo. Esa mudanza a Comodoro Py, también rechazada a nivel nacional por otros sectores involucrados, dejó el expediente en manos del fiscal Carlos Stornelli, a su vez investigado por haber intervenido en maniobras de «lawfare» en contacto con seudoespías y medios de comunicación al servicio de esas movidas.
La decisión de cambiar la jurisdicción la tomó la Cámara de Casación Penal. El organismo determinó la competencia del fuero porteño y sacó el expediente de los tribunales federales de Lomas de Zamora. Aunque la historia no está terminada.
Marín señaló la ironía de que la decisión se haya tomado «justo hoy (el viernes) que declaraba el espía que confesó recibir presiones para impulsar causas armadas», en alusión a Andrés Bertolini. Bertolini confirmó con declaraciones en la Bicameral que hubo una ofensiva macrista para perjudicar a Marín y hacerlo víctima de una operación de prensa cuando se lo involucró en un listado de presuntos delincuentes vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero.
Sobre Stornelli, Marín también se despachó en las redes sociales: «un fiscal procesado por los delitos de asociación ilícita, violación a Ley de Inteligencia, incumplimiento de deberes legales de funcionario público y coacción, sin prisión preventiva porque posee inmunidad en función de su condición de funcionario judicial. Declarado en rebeldía por haber permanecido casi 9 meses sin prestarse a declarar».
Resolución dividida
La resolución judicial dejó fuera de la investigación al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé. Se tomó por mayoría, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. La tercera integrante de la sala IV de Casación, Ángela Ledesma, disintió.
Ledesma dijo que la pesquisa debía continuar a cargo del juzgado de Augé por «motivos se vinculan con una mejor y más eficiente administración de justicia, teniendo en cuenta el avance logrado hasta el momento en el caso» y «la naturaleza compleja de los hechos».
Borinsky y Carbajo hicieron lugar a planteos de acusados en la causa, como el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su exsegunda Silvia Majdalani, a los que adhirieron los querellantes jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
El fallo aclaró que «no implica, de ningún modo, invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas, demorar el curso de la investigación» o «desvirtuar las medidas de prueba existentes o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora».
Casación convalidó los allanamientos hechos por el juez de Lomas al domicilio del imputado Dario Nieto, que habían sido cuestionados por su defensa del exsecretario privado del expresidente Mauricio Macri.
La nueva jueza de la causa, Capuchetti, deberá resolver situaciones procesales de Arribas y Majdalani, entre otros, ya indagados por Augé. A la hora de justificar su decisión, Borinsky y Carbajo sostuvieron que «el núcleo del espionaje ilegal investigado» habría sido la ciudad de Buenos Aires.
