Las diferencias que surgieron entre la intendenta Marta Paturlanne y su vice Guillermo Farana a poco de asumir la gestión municipal en Santa Isabel tuvieron como corolario una denuncia por supuestos hechos de violencia de género a principios de septiembre.

Paturlanne acusó a su segundo -también director de la Escuela 99- de maltratos y agresiones hacia ella y otras funcionarias. Farana se defendió negando las acusaciones y apuntando a la jefa comunal por supuestas irregularidades, entre ellas intentar subirse el sueldo pese al rechazo del Concejo Deliberante que él preside.

Guillermo Farana.

La denuncia había recaído en la fiscalía de Victorica, ahora a cargo de Alejandro Moyano, quien este viernes notificó al funcionario municipal del archivo de la denuncia. Fue él mismo quien difundió la novedad.

“No es violencia física, pero sí psicológica, política, institucional y simbólica. Quiero dar el ejemplo”, dijo la jefa comunal en su momento.

En esa denuncia se relatan tres incidentes violentos que le apuntan a Farana: uno ocurrido en mayo de 2019 después de ganar la interna; otro en febrero de 2019 con una empleada de la Escuela y de la Municipalidad y el tercero, en una reunión del pasado 26 de agosto.

En la denuncia, Paturlanne contó que después del segundo incidente tuvieron una charla donde acercaron posiciones. Aunque también dejó sentado que ese encuentro fue grabado por Farana con su teléfono celular, sin su consentimiento y solo interrumpiendo la grabación cuando ella lo descubrió.

Después, sobrevino el último incidente durante una reunión con un grupo de provedores de internet que buscaban brindar el servicio en el pueblo. Allí, según Paturlanne, Farana se enojó porque pretendía que se favoreciera a personas allegadas a él y comenzó a insultarla a ella y otras funcionarias presentes.

Farana negó las acusaciones y -representado por el abogado Omar Gebruers y la abogada Alejandra Lezcano López- respondió mediante un escrito, donde acusó a la intentenda de de no promulgar las resoluciones del Concejo Deliberante (entre otras, la tarifaria y un aumento al personal de los servicios esenciales locales durante la pandemia) y por el contrario buscar aumentarse el sueldo en un 85% pese a la oposición del cuerpo deliberativo. Incluso, dijo que después de asumir se volvió "agresiva y despectiva hacia mi persona".

Dijo que en la última reunión que señala la denuncia lo que hizo fue reclamarle que cumpla con "los compromisos de gestión" y que la presentación judicial tiene por objetivo "enmascarar las irregularidades que ha cometido en su gestión".

Con esos elementos, y sin que en la notificación consten más testimonios, la fiscala Moyano resolvió que el hecho denunciado por Paturlanne "no constituye delito penal alguno por ser atípico del Código Penal" por lo cual decretó el archivo de las actuaciones.

Ahora, la intendenta tiene cinco días hábiles para apelar la decisión judicial.