Costoya -quien en 2012 fue incluso acusado de haber amenazado con un arma a empleados del Estado, que fueron a controlarlo- fue encontrado autor de los delitos de peculado -es decir, la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado- y uso de documento privado falso, en perjuicio de la Administración Pública.

Además deberá abonar una indemnización por el daño causado de 5.770.036,14 pesos y una multa de 90.000, el monto máximo previsto en el Código Penal.

Una vez que la condena quede firme -lo que se descuenta en los próximos días, porque Costoya convalidó el fallo, en un juicio abreviado-  ya no podrá asumir nunca más otro cargo público, a menos que sea perdonado por un gobernador, como ya ocurrió con Oscar Avila (Acha).

¿Por qué firmó un abreviado? Es que si iba a un juicio oral y público, se exponía a una pena de prisión efectiva. Ahora, por lo menos, no irá la cárcel.

La sentencia fue dictada por el juez de control Héctor  Alberto Freigedo. El conflicto penal se resolvió a partir de un acuerdo de juicio abreviado suscripto por el fiscal general Jorge Marcelo Amado, el defensor particular Fernando Gutiérrez y el propio imputado, de 59 años.

En el legajo quedó probado que Costoya, siendo presidente, entre 2016 y 2017, sustrajo 5.860.036,14 pesos “de los fondos públicos pertenecientes a la comisión de fomento; intentando justificar la salida de esa suma de las arcas oficiales, mediante la presentación ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, de 171 facturas apócrifas de diversos titulares” (42 proveedores).

DIARIO TEXTUAL