Reclamó el pago a la provincia de La Pampa, por parte del Estado Nacional, de la suma que resulte de la determinación de los déficits previsionales correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y la diferencia determinada respecto del período 2016.
La presentación se realizó a través del fiscal de Estado, José Vanini y el procurador de Rentas, Hernán Pérez Araujo. También se busca con la medida que el Estado Nacional arbitre las medidas pertinentes para realizar las auditorias financieras del Instituto de Seguridad Social. "Para el caso de negativa u omisión por parte de Nación o –en su caso- de ANSES, de conformar los informes finales –auditorías- se solicita se tengan por determinados los montos resultantes de las auditorías realizadas por el Instituto de Seguridad Social de la provincia de La Pampa -ISS-, que asciende a$3.371.172.137,53", se informó.
La suma reclamada es calculada teniendo en miras la legislación vigente al año 1999. Las modificaciones previsionales provinciales que incrementen este déficit (como son el 82% móvil), siempre han sido y son soportadas por la Provincia mediante Rentas Generales y el Fondo Complementario.
"Los convenios firmados y reclamados obligan al Estado nacional a financiar el 100% del déficit del sistema previsional conforme la legislación vigente a 1999. Por lo cual, no varía el importe que debe abonar si existen formas de liquidación de las prestaciones y sus ajustes en la Provincia que sean diferentes a la Nación. O sea, lo que en más se abona a los jubilados provinciales lo paga la Provincia", explicó Pérez Araujo.
"La actual postura de Nación, de solicitar para pagar sumas debidas que el régimen previsional provincial sea absolutamente igual al nacional, resulta jurídicamente inaceptable. No está pidiendo armonización, está exigiendo equiparación absoluta", dijo.
Aceptarla implicaría modificar la legislación pampeana en pos de un retroceso en los haberes de los jubilados pampeanos, a quienes habría que bajarles el monto jubilatorio que perciben en la actualidad y limitar el derecho y expectativa jubilatoria de los actuales activos. No actuar en pos del cobro del déficit total equivale a obligar al gobierno e instituciones provinciales a endeudarse con el fin de mantener incólume los derechos que se han reconocido provincialmente y que han sido avalados por tratados con la Nación.
"En virtud de un infundado cambio de postura por parte del Gobierno Nacional se está intentando obligar a la Provincia de La Pampa a tomar créditos y deudas que requieren del aval nacional o de su ayuda directa y que, por ende, de realizarse, someterían su autonomía provincial a una simple expresión de deseo impresa en la Constitución", explicó Pérez Araujo.
La presentación se realizó a través del fiscal de Estado, José Vanini y el procurador de Rentas, Hernán Pérez Araujo. También se busca con la medida que el Estado Nacional arbitre las medidas pertinentes para realizar las auditorias financieras del Instituto de Seguridad Social. "Para el caso de negativa u omisión por parte de Nación o –en su caso- de ANSES, de conformar los informes finales –auditorías- se solicita se tengan por determinados los montos resultantes de las auditorías realizadas por el Instituto de Seguridad Social de la provincia de La Pampa -ISS-, que asciende a$3.371.172.137,53", se informó.
La suma reclamada es calculada teniendo en miras la legislación vigente al año 1999. Las modificaciones previsionales provinciales que incrementen este déficit (como son el 82% móvil), siempre han sido y son soportadas por la Provincia mediante Rentas Generales y el Fondo Complementario.
"Los convenios firmados y reclamados obligan al Estado nacional a financiar el 100% del déficit del sistema previsional conforme la legislación vigente a 1999. Por lo cual, no varía el importe que debe abonar si existen formas de liquidación de las prestaciones y sus ajustes en la Provincia que sean diferentes a la Nación. O sea, lo que en más se abona a los jubilados provinciales lo paga la Provincia", explicó Pérez Araujo.
"La actual postura de Nación, de solicitar para pagar sumas debidas que el régimen previsional provincial sea absolutamente igual al nacional, resulta jurídicamente inaceptable. No está pidiendo armonización, está exigiendo equiparación absoluta", dijo.
Aceptarla implicaría modificar la legislación pampeana en pos de un retroceso en los haberes de los jubilados pampeanos, a quienes habría que bajarles el monto jubilatorio que perciben en la actualidad y limitar el derecho y expectativa jubilatoria de los actuales activos. No actuar en pos del cobro del déficit total equivale a obligar al gobierno e instituciones provinciales a endeudarse con el fin de mantener incólume los derechos que se han reconocido provincialmente y que han sido avalados por tratados con la Nación.
"En virtud de un infundado cambio de postura por parte del Gobierno Nacional se está intentando obligar a la Provincia de La Pampa a tomar créditos y deudas que requieren del aval nacional o de su ayuda directa y que, por ende, de realizarse, someterían su autonomía provincial a una simple expresión de deseo impresa en la Constitución", explicó Pérez Araujo.
