10 de septiembre de 2019
Postes con wifi en rutas nacionales: “Es un gran avance que atiende los casos más urgentes”, destacó Marino
El Senador nacional Juan Carlos Marino celebró la resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) mediante la cual aprueba la instalación de una serie de postes con tecnología wifi a ser emplazados a lo largo de diversas rutas nacionales por parte de ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima).
Hace años venimos insistiendo con diversos proyectos solicitando cobertura en rutas y poblados alejados de nuestra Provincia. Esto debido a la importancia de una rápida y eficaz comunicación en zonas por fuera de los centros urbanos, sobre todo ante un accidente o eventualidad. Quienes
transitamos las rutas asiduamente, y los pampeanos en general, conocemos de estas falencias, las empresas de telefonía celular no brindan un adecuado servicio en estos lugares debido a que por su baja densidad poblacional no son rentables como las grandes ciudades. Aquí es donde el Estado debe hacerse presente para corregir la situación” explicó Marino.
Ya en 2008, el legislador pampeano había elevado un proyecto de comunicación donde pedía al Poder Ejecutivo Nacional que informara sobre las acciones que se estuvieran llevando a cabo para cumplir efectivamente con las normas del Decreto 764/2000 que dispone que la prestación del servicio de telefonía móvil debe contar con igual calidad y eficiencia en áreas poco pobladas, haciendo especial referencia a las zonas sur y oeste de La Pampa.
En este mismo sentido, la Ley N° 27.078, conocida como la “Ley Argentina
Digital” y sancionada en 2014, en su Artículo 18 dispone que “el Estado
Nacional garantiza el Servicio Universal entendido como el conjunto de
servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que
debe prestarse a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en
condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con
independencia de su localización geográfica” y establece que es el Poder
Ejecutivo Nacional quien define la política pública a implementar
para alcanzar estos objetivos, diseñando los distintos programas
para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los
derechos previstos.
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