El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Oscar Díaz, el ministro del mismo organismo, José Sappa, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Bensusán, y la directora General de Justicia, Carmen Sierra, concurrieron a la comisión de Asuntos Constitucionales para explicar el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial por el que se reforman y derogan artículos de la Ley 2574 -Orgánica del Poder Judicial- ; se incorpora el artículo 259 bis al Código Procesal Civil y Comercial; se reforma el artículo 33 del Código Procesal Penal y se transforma en Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería al Juzgado Regional Letrado de Victorica.
El objetivo de dicha iniciativa consiste en potenciar, en este caso, el Juzgado Regional de Victorica para que las personas que quieran acceder a la justicia no tengan que trasladarse en todos los casos a la ciudad de Santa Rosa. Para esto, se propone modificar e incorporar algunos artículos de la Ley Orgánica Poder Judicial. Además, se discutieron otros proyectos que también proponen realizar modificaciones a esta Ley, como el que plantea cambios en la modalidad de la cámara Gesell, o el que brinda marco constitucional a los fiscales adjuntos.
El presidente Oscar Díaz dijo que “buscamos potenciar los recursos humanos y materiales, por eso trabajamos internamente mejorando muchos organismos, como en el sistema Procesal Penal, y orgullosamente podemos decir que La Pampa es una de las primeras en cuanto a la organización porque está todo digitalizado. Además se han hechos diversas capacitaciones”.
Con respecto al Juzgado Regional de Victoria, expresó que “en este contexto no funciona en la plenitud que debería tener, porque el acceso a la justicia de la gente del interior se ve restringida porque se tiene que trasladar a Santa Rosa. Por este motivo, ya pusimos en funcionamiento la oficina de mediación. Y al tener el juzgado de control, se puso en funcionamiento por medio de un sustituto hasta que tenga un titular. Y la oficina judicial que con el Juzgado Penal de Victorica tenía citación directa. Allí quedó un margen de gente que lo potenciamos para que sea de la oficina judicial”.
“Entonces –siguió el funcionario- analizando la problemática de la gente que tiene que venir para acá, pensamos cómo podíamos potenciar el Juzgado Regional de Victorica, entonces proponemos que se le dé toda la competencia, como la competencia de un juzgado multifuero”.
Por otro lado, en su exposición también advirtió que “Santa Rosa tiene algunas dificultades de atraso en la Cámara Civil, y ellos platearon que los mecanismos legales les obstaculizan para hacer ciertas cosas, entonces proponemos que en ciertos casos la Cámara sea un organismo unipersonal. Vemos que no da para seguir abriendo salas pero sí para darle más competencias internas”.
Siguiendo este razonamiento, adelantó que “se está poniendo en funcionamiento el Juzgado de 25 de Mayo, y para potenciar eso decidimos que las apelaciones de ahí vayan a Santa Rosa y las de Victorica vayan a Pico. Entonces, habría un equilibrio”.
Por otro lado, se aprovechó la oportunidad para mencionar diferentes proyectos sobre modificaciones y creaciones de organismos temáticas, como también la posibilidad de adoptar nuevas medidas a la hora de utilizar la cámara Gesell. Sobre esto, Sappa dijo “se ha tratado de avanzar para darle todas las garantís a los niños. Se puede hacer un cambio de estructura, pero en el mientras tanto el juez podría tomar otra modalidad, como por ejemplo cambiar el horario de la víctima y el victimario. El sistema se tiene que ir adaptando. Por eso hay dos temas, uno que es edilicio, y otro que es cultural”.
También, se habló de un proyecto que propone darles marco constitucional a los fiscales adjuntos. En relación a esto, Díaz contó que “salió de una necesidad cuando se puso en funcionamiento el sistema acusatorio, que al desaparecer los juzgados de inclusión, desaparecían todas las secretarias, y los jueces pasaron a ser jueces de control sin secretarios. Esa estructura por ley pasó a pertenecer al Ministerio Público Fiscal con la figura del fiscal adjunto, y eso le daría protección constitucional”, concluyó.
PLAN B
