En la Argentina actual, en la que hasta los jardineros del poder son millonarios y terminan presos por mover bolsos con millones de dólares, queda poco margen para la sorpresa. Sin embargo, hasta el realismo mágico que Gabriel García Márquez utilizó para darle vida a sus personajes a los que ubicó en un imaginario pueblo llamado Macondo queda opacado por un escándalo electoral en la localidad de Arizona, que acaba de terminar con casi el 10% de su hipotético padrón electoral procesado, junto al ex intendente que pergenio un mecanismo fraudulento para beneficiar en los últimos comicios a su hijo con quien se viene alternado la conducción del municipio, habitado por unas 1.100 personas y que forma parte del Departamento Gobernador Dupuy, en la provincia de San Luis.

Como en todo pago chico, en Arizona se conocen todos. Por eso, los lugareños no demoraron en advertir que en las pasadas elecciones de 2015, donde fue electo como intendente el ex diputado provincial Jorge Ariel Figueroa, e hijo del saliente alcalde, Jorge Pedro Figueroa, las filas frente a las mesas de votación estaban pobladas por supuestos vecinos a los que nunca habían cruzado en calle.

La fiscalía corroboró que eran unos ochenta los las personas que sufragaron ese día –presuntamente a favor del hijo del mandamás del pueblo- sin estar legalmente habilitados para hacerlo; que todos ellos en realizad vivían en La Pampa y en Mendoza, y que el jefe comunal los sobornó con el otorgamiento de licencias profesionales para conducir sin siquiera haber rendido el examen ni presentar ningún tipo de documentación.

Según la investigación fiscal, los votantes truchos representaban el 8% del padrón electoral de Arizona compuesto por 852 electores. Quizás por la maniobra -eso lo decidirá la Justicia Electoral- Jorge Ariel se erigió triunfador con el 80% de los votos.

Peronista de cuña, Figueroa hijo encabezó la boleta de la Alianza Compromiso Federal, a través de la cual Alberto Rodríguez Saá se consagró para un tercer mandato como gobernador de San Luis. Fuera de la política, en Arizona, también sobran las anécdotas que lo tienen al ahora procesado ex intendente como protagonista excluyente.

Fue el día en que el alcalde se cruzó a golpes de puño con un comerciante porque este no quería mover su coche, que estaba frente la panadería, para que los empleados municipales pudieran pintar la vía que demarcada la bici senda que pasaría por allí. Roberto García, el panadero fue el primer sorprendido cuando el intendente, apoyado por uno de sus subalternos, lo cruzó con un duro trompazo.

La trifulca duró un par de minutos y terminó con el examen que les practicó el médico policial que corroboró que los dos improvisados púgiles tenían lesiones, aunque en ninguno de los casos eran de gravedad. La gresca generó una pequeña pueblada en la que un grupo de ciudadanos salieron a apoyar al panadero cuando la versión oficial echó a rodar que García había sacado un arma de fuego para defenderse.

El fraude
La Justicia, se sabe, tiene sus tiempos y mucho más aún si se trata de maniobras que podría poner en duda la elección de autoridades, en este caso, de una comuna que cumplió 92 años de vida, y que está ubicada a 346 km al sur de la capital provincial.

Quizás por eso, a poco más de un año de las próximas elecciones, recién en las últimas horas, el titular de la Fiscalía Federal de San Luis, Cristian Rachid, pudo convocar a prestar declaración indagatoria a las 86 personas que participaron del escandaloso fraude electoral.

El fiscal investiga un voluminoso expediente donde quedaron al descubierto una serie de "delitos contra la fe pública en concurso con violaciones a Ley Electoral Nacional".

La causa tuvo su origen el 7 de septiembre de 2015 a partir de la denuncia efectuada por un vecino de Arizona, quien denunció, sin eufemismos, que había detectado personas que estaban votando pero que "no tenían domicilio en el lugar".

Una de las primeras medidas que adoptó la fiscalía fue allanar –por primera vez en su historia- la sede del Registro Civil de Arizona. El resto fueron horas y horas cruzando los datos de cada uno de los votantes.

La tarea arrojó resultados alentadores. Después de más de dos años de pesquisa, el representante del Ministerio Público Fiscal determinó la existencia de "múltiples cambios falsos de domicilio a Arizona por parte de personas que, predominantemente, registraban domicilio en las ciudades de General Pico (La Pampa) y General Alvear (Mendoza)". También acreditó que ni uno solo de los votantes plantados por el intendente Figueroa "se mudó efectivamente al municipio y, más aún, ni siquiera acreditaron los requisitos legales exigidos para obtener el cambio de domicilio, trámite que se materializó de manera previa a las elecciones simultáneas (nacionales, provinciales y municipales) de ese año 2015".

En su dictamen, Cristian Rachid es contundente. "La maniobra habría sido propiciada por el entonces intendente Pedro Jorge Figueroa con el objetivo de que los nuevos 'electores' sufraguen a favor de su hijo, quien finalmente resultó elegido y actualmente se encuentra a cargo del ejecutivo municipal".

La maniobra es explicada por el fiscal de la siguiente manera: "A cambio de su voto, el mandatario les ofrecía la habilitación para conducir vehículo automotor en la categoría profesional. El ilegítimo otorgamiento de dicha licencia a los imputados (quienes, como se dijo, se domiciliaban en otras provincias) se llevaba a cabo de manera irregular, sin la exigencia de ninguno de los requisitos vigentes para la categoría profesional, tales como el certificado médico, examen teórico práctico, entre otros. Más aún, la investigación permitió verificar que, en la mayoría de los casos, los acusados tramitaron su licencia de conducir en la Municipalidad de Arizona el mismo día en que realizaron el cambio de domicilio falso a esa localidad".

Y un dato más que corrobora la maniobra fraudulenta: "Más del 90% de los electores investigados omitió presentarse al ballotage presidencial que tuvo lugar en noviembre de 2015, circunstancia que, contrapuesta con el altísimo acatamiento observado por los mismos electores en las PASO y las elecciones generales, pone de manifiesto el acuerdo común focalizado en el interés local-municipal".

En el expediente, el fiscal consiguió reunir "registros fílmicos y fotográficos tomados por personal de la Policía Federal Argentina que permitieron identificar el cruce desde General Pico hacia Arizona de vehículos que trasladaban a muchos de los 'falsos' electores durante los días previos a la jornada electoral del 25 de octubre de 2015".

¿Otra vez a las urnas?
La causa aún está en pleno proceso, y serán muy valiosos los testimonios que a partir de los próximos días comenzarán a escucharse en la fiscalía federal de San Luis, pero el final del proceso podría derivar en un pedido para que se anulen los comicios locales. Esto está basado en un dato que para el fiscal es clave y que puso de relieve a la hora de dimensionar el ilícito detectado.

"El circuito 111 Arizona San Luis contaba en 2015 con un total de 852 electores, con lo cual los delitos imputados pudieron incidir efectiva e ilegítimamente en la conformación de la voluntad de más del 8 por ciento del padrón electoral de la mencionada localidad", resaltó el fiscal.

La Fiscalía también expuso que "la intervención en la maniobra del intendente Figueroa obedece a una clara motivación personal (asegurarse un resultado electoral favorable en las elecciones generales de 2015) y resultó imprescindible, pues desde su posición y competencias a cargo del Ejecutivo municipal, organizó y configuró el marco de actuación delictivo en el que se insertó la actuación criminal de todos los electores mencionados".
Rachid fue extremadamente claro a la hora de apuntar al padre-intendente como cabeza de la maniobra.

"Jorge Pedro Figueroa, como máxima autoridad local, organizó y obtuvo el aporte –necesario para la inserción de las falsas declaraciones imputadas- de los funcionarios provinciales con asiento local que igualmente intervinieron en la maniobra (oficial del Registro Civil y policías provinciales) y, asimismo, extendió ilegítimamente las licencias de conducir que proporcionó, a cambio de su promesa de voto –igualmente ilegítimo-, a los electores mencionados".

Por esa razón, también serán indagados cada uno de los funcionarios y policías que rubricaron las licencias profesionales de conducir mal otorgadas y quienes certificaron los cambios de domicilios truchos ya que "no observaron ninguno de los requisitos pertinentes de la normativa vial, a cambio de que estos concurran a votar en las mesas habilitadas en el circuito electoral 111 Arizona San Luis, durante las elecciones PASO y GENERALES del año 2015".

Arizona, está claro, no es Macondo. Sin embargo, los vecinos del lugar han observado como desde el año 2009 en ese alejado municipio de San Luis, Jorge Pedro y Jorge Ariel Figueroa, padre e hijo, se vienen turnando como intendentes de Arizona como si se tratase de un feudo.  Pero como todo queda en familia, ambos comparten un mismo secretario de Gobierno. Se llama Cristian Urquiza, y es el medio hermano de Jorge Ariel por parte de madre.

En el árbol genealógico de los funcionarios públicos de la familia Figueroa aún hay más.  Virginia Isabel Bazán Travaglia es la pareja Jorge Ariel Figueroa, es decir del actual intendente. Ella, a fines de 2011, fue electa diputada provincial, banca a la que renunció en la primera sesión de 2012, para que asumiera su pareja, quien era su suplente y asumió así la banca mientras su papá –ahora procesado- ocupaba la intendencia hasta las polémicas elecciones de 2015.

Realismo mágico no. Argentina.

FUENTE INFOBAE