El condicionado financiamiento del sistema previsional que lanzó al presidente Mauricio Macri -firmó un decreto en el cual se exige que para recibir fondos las provincias tienen que tener firmado el Consenso Fiscal- no solo hizo patalear públicamente a las autoridades pampeanas sino que además, de acuerdo a lo que pudo saber El Diario, por estas horas La Pampa analiza acudir a la Justicia.

“Los técnicos de ANSES y los nuestros tienen prácticamente todo acordado para el desembolso de lo que corresponde a 2017, que es del orden de los 800 millones de pesos, y ahora salen con este decreto...creo que el camino es la judialización, como ya nos pasó con el dinero que nos corresponde de los años 2009 a 2014 y que Nación nunca pagó”, confió a este diario una fuente oficial ligada al Centro Cívico.

1.040 millones

El déficit actual del Instituto de Seguridad Social es de 1040 millones de pesos, según confió la misma fuente que habló con este diario.Si Nación reconociera esos 800 millones correspondientes al ejercicio del año pasado, la Provincia aportaría el resto y los números de la Caja Jubilatoria quedarían en orden.

“La cuestión es así, ellos deberían aportar el dinero como si las personas se hubiesen jubilado por Nación...como hacen con el resto de las provincias. Como en La Pampa se jubilan con el 82 por ciento, la provincia no tiene drama en cubrir justamente esa diferencia. Lo único que queremos es que ellos nos cubran en igualdad de condiciones como hacen con otras provincias, nosotros ponemos los que nos corresponde”, resaltó el funcionario que habló con este diario.

De todos modos, explicó que “hoy por hoy la caja está sólida porque se le esta destinando el dinero que entra por la devolución gradual del 15 por ciento de coparticipación con tres puntos por año... fueron 3 por ciento en 2016, 6 por ciento en 2017, 9 por ciento en 20018, 12 por ciento en 2019 y -finalmente- 15 por ciento en 2020...recién ahí devuelven todo lo que habia sacado (el entonces ministro Domingo) Cavallo en su momento”.

“Siempre sale publicado en todos lados que aumenta la coparticipación en La Pampa, pero es por este acuerdo...y el dinero se destina a contener el déficit del Instituto de Seguridad Social a modo de anticipo financiero. En 2018 se destinarán 1.500 millones a la Caja”, apuntó.“Si ellos pagarán todo ese dinero que nos deben, esos 800 millones se coparticiparían con los municipios...por eso los intendentes están expectantes con este tema. Pero bueno, así están las cosas”, completó.

Otro “escollo” 

En un documento oficial difundido durante la semana, desde el Centro Cívico recordaron que en el año 2016, el mismo Gobierno Nacional también había exigido -bajo el dictado de otro decreto, el 894/2016- la armonización de las normas legales para la determinación del haber previsional.

“Para los beneficiarios del sistema previsional provincial esto significaba bajarles las jubilaciones, y para los actuales activos, cambiarles el sistema aplicable cuando se jubilen. Esto fue discutido por nuestra Provincia y por los años anteriores 2017 se le iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes”, sostuvieron desde el Centro Cívico.

“No obstante ello, para los períodos siguientes se modificó la norma a instancia de los legisladores pampeanos, pero nuevamente mediante el Decreto 730/18, reglamentario de la Ley 27.260, exigen la firma del Consenso Fiscal, requisito que no establece la normativa de origen para el financiamiento de los sistemas, ya que ni siquiera existía como tal cuando se sancionó esa ley”, añadieron.

Y apuntaron: “Las negociaciones para la determinación de los montos a financiar, y que permitían a nuestra Provincia ponerse en igualdad de condiciones de financiamiento con las provincias que han transferido sus sistemas previsionales, como así del resto de provincias que no lo han hecho, encuentra un nuevo escollo, que ha sido redactado especialmente para excluir a La Pampa, porque San Luis, la otra provincia que no firmó el Consenso, transfirió su sistema en octubre del año 1996. En otras palabras, la redacción del decreto afecta única y exclusivamente a La Pampa”.

“Nuevamente, el disentir con las políticas nacionales y expresarlo públicamente, el Gobierno Nacional recurre a mecanismos financieros coercitivos para con la Provincia de La Pampa”, finaliza el mismo escrito.