El juez de control santarroseño, Néstor Daniel Ralli, condenó a los docentes Bibiana Beatriz Testa y Gabriel Estelrich a dos años y un mes de prisión en suspenso por ser autores de los delitos de uso de certificado médico falso y fraude en perjuicio de la administración pública. Utilizaron esas constancias –otorgadas como licencias para la atención de familiares enfermos– para viajar al exterior. Además el magistrado, en el marco de este juicio abreviado, condenó al médico Santiago José Arisi a un mes de prisión de ejecución condicional por haber extendido un certificado falso.

La denuncia había sido promovida oportunamente por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y en el ámbito penal quedó a cargo del fiscal general Guillermo Sancho.

Sancho avanzó con la investigación sobre los docentes y los médicos por el uso de los certificados por enfermedad y asistencia a familiares para ocultar viajes al extranjero.

Cuidar a familiares
o viajar al exterior

Con las pruebas reunidas durante la investigación fiscal preparatoria, demostró que Testa –de 54 años y domiciliada en Alta Italia– usó los certificados médicos extendidos el 27 de marzo y el 4 de abril de 2017, “a los efectos de usufructuar seis días de licencia con goce de haberes, para asistir a un miembro del grupo familiar que se encontraba enfermo; cuando en realidad el 25 de marzo viajó al exterior, habiendo regresado al país el 7 de abril”.

Además utilizó otros certificados similares extendidos con fechas del 26 y el 28 de junio de 2017, para asistir a un familiar que se encontraba enfermo, y el certificado médico del 27 de junio, “en el cual se indicaba un día de reposo, a los efectos de usufructuar tres días de licencia con goce de haberes, cuando en realidad el día 24 de junio viajó al exterior y regresó el 13 de julio”.

Con respecto a su pareja, Estelrich, un bioquímico de 53 años que vive en Ingeniero Luiggi, la Fiscalía acreditó que utilizó los certificados médicos extendidos con fechas 27 de junio y 5 de julio de 2017, en los cuales se indicaban días de reposo, “a los efectos de usufructuar cuatro días de licencia con goce de haberes, cuando en realidad el 24 de junio viajó al exterior y regresó el día 13 de julio”.

Con respecto a Arisi –45 años, domiciliado en Ingeniero Luiggi–, fue condenado a un mes de prisión en suspenso por el artículo 295, primer párrafo, del Código Penal, al constatarse que extendió dos certificados médicos a Estelrich, con fechas del 27 de junio y el 5 de julio de 2017, respectivamente, en los que se consignó que el imputado había asistido “al establecimiento asistencial”.

Esos documentos los presentó en su lugar de trabajo para justificar licencias por enfermedad con goce de haberes; el primero con un diagnóstico de gastroenteritis y el restante, de lumbalgia, indicándose reposo del 6 al 7 de julio inclusive; “sin haberlo examinado ya que en esos días Estelrich estaba de viaje en el exterior”.

Otro médico imputado

Tanto a los docentes como al médico se le fijaron, como reglas de conducta por dos años, las obligaciones de fijar domicilio y someterse al cuidado de la Unidad de abordaje, supervisión y orientación para personas en conflicto con la ley penal; bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena.

El acuerdo de juicio abreviado fue convenido entre Sancho, los imputados –que admitieron la autoría de los hechos– y sus defensores particulares Gastón Gómez, Carlos Fernández Articó y Romina Antoci.
Además se acordó que el tribunal ponga en conocimiento de la sentencia a la F.I.A. y al Ministerio de Educación de La Pampa.

En la misma causa se encuentra imputado otro médico, Alfredo Pablo Etchart, de 66 años, a quien el 4 de julio el propio Ralli le otorgó el beneficio de la probation o suspensión del proceso a prueba hasta el 3 de julio de 2019, por lo que su situación procesal se tramita en forma separada.

A cambio no deberá cometer nuevos delitos durante un año y deberá cumplir las siguientes reglas de conducta (fijar domicilio, del que no se podrá ausentar sin autorización judicial; deberá presentarse una vez al mes ante el Juzgado de Paz de Embajador Martini; y no podrá consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes).

A su vez, en esa ocasión, el magistrado consideró razonable la oferta reparatoria de 2.000 pesos propuesta por Etchart, que fueron destinados a la Fundación Fundalhum.