Por el portazo -que oficializará mañana- dejará de percibir los beneficios financieros del acuerdo. Pero no deberá resignar juicios ante la Corte ni rebajar presión fiscal. Impacta en desistimiento de Vidal.

El peronista crítico Carlos Verna profundizó su perfil duro ante la Casa Rosada al decidir que La Pampa no adherirá finalmente al amplio Pacto de Consenso Fiscal que todos los gobernadores (menos el de San Luis) firmaron en noviembre pasado con Mauricio Macri, y que significó una salida política al conflicto en la Corte nacional por el Fondo del Conurbano bonaerense.

Según pudo confirmar ayer Ámbito Financiero, el mandatario oficializará el portazo mañana, en el marco de una reunión ampliada con funcionarios y con legisladores e intendentes tanto del oficialismo como de la oposición. "Estará todo el arco político", remarcaron.

El Ejecutivo pampeano argumenta que Nación "incumplió" un "compromiso de palabra" de dos ministros de Macri -apuntan a Rogelio Frigerio (Interior) y Nicolás Dujovne (Hacienda)- de pagarle al distrito $431 millones para domar el rojo previsional local de 2016, una promesa que destrabó la rúbrica de Verna al entendimiento aquel 16 de noviembre.

"El incumplimiento de varias de las promesas por parte del Gobierno nacional amerita que el tratamiento (de la adhesión) al menos sea pospuesto", había advertido Verna al inaugurar el período de sesiones ordinarias en el Parlamento el 1 de marzo.

Ayer los tiempos se aceleraron: ante la falta de avances en ese reclamo, no impulsará finalmente la aprobación en la Legislatura del Acuerdo de Consenso Fiscal, un paso obligado para adherir formalmente al entendimiento.

Pero la mirada de los funcionarios nacionales es diferente: argumentan que La Pampa (que este año en remesas automáticas recibirá unos $400 millones de la ANSES) pretende cobrar "todo el déficit de 2016" cuando el resto de las provincias -por la Ley de Reparación Histórica- recibieron sólo remesas acordes al grado de avance de armonización local con los parámetros nacionales. "Si le pagamos a La Pampa deberíamos hacerlo con todas", graficaron.

La movida -que en filas de la Casa Rosada leyeron como "de trasfondo más político que de recursos"- dispara múltiples consecuencias para La Pampa, aunque -afirman desde Nación- no representa en cambio una caída de la totalidad del Pacto Fiscal con las provincias.

A priori, según advirtieron desde despachos nacionales a Ámbito Financiero, la provincia se hará acreedora de los "correctivos" que contempla el Pacto Fiscal para los distritos que no adhieran: 

se privará de percibir este año $465 millones en concepto de Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero) y

no recibirá en 2018 $110 millones, por la tajada de la compensación prevista -vía la emisión de un bono nacional (ver aparte)- por aceptar la ingeniería dispuesta para calmar el reclamo de María Eugenia Vidal en la Corte, que incluye renunciar a los juicios locales. 

El recorte en las remesas tendrá su correlato en una merma en la coparticipación municipal, lo que amenaza con abrir un frente de conflicto con los intendentes.

El no quedar cobijado bajo el Pacto Fiscal tendrá, además, otras consecuencias, más allá de esos $ 575 millones. Ese lote incluye no ser beneficiada por el fin de las penalidades financieras de Nación por no armonizar los parámetros jubilatorios con los nacionales, una ansiada conquista que sí percibirá el resto de los distritos.

"La Pampa está perdiendo más recursos de los que reclama", aseguraron fuentes nacionales.

Pero, sin embargo, al bajarse del Pacto La Pampa no estará obligada a renunciar a sus embestidas judiciales por fondos en el máximo tribunal nacional, una de las condiciones negociadas con Nación para convencer a Vidal de que retire -no lo hizo aún- su multimillonaria demanda ante la Corte por el congelado techo de $650 millones del Fondo del Conurbano.

Verna también quedará libre de cumplir con las otras múltiples metas que exige el Acuerdo de Consenso Fiscal, como la de reducción gradual de la presión impositiva. No está a priori atado a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la que tampoco adhirió.

Por de pronto, con este portazo Verna se emparenta indirectamente con el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá, quien se negó a sumarse al Pacto con Balcarce 50. Pero hay una matiz: el pampeano sí llegó a estampar su firma el 16 de noviembre, una diferencia cuyas consecuencias legales ayer no habían sido aún dilucidadas.

Esa postal tiene un rebote directo en la provincia de Buenos Aires y agita la posibilidad de que Vidal, a la hora de desistir de la demanda por el Fondo del Conurbano, lo haga de manera parcial, proporcional a la no resignación de los juicios de La Pampa y San Luis.

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