“quedó bajo la lupa judicial por sospechas de manejos irregulares y prácticas indebidas”. Es una denuncia que se suma a la que hizo el periodista Jorge Lanata en su programa “Periodismo para Todos”.

La causa judicial en contra del precandidato a gobernador de Cambiemos fue caratulada como “abuso de autoridad” y “violaciones de los deberes de funcionario público”. Lo involucra al “colo” y a un alto funcionario del Cenard, que actualmente está con licencia médica”.

El martes 10 de marzo la justicia hizo un allanamiento a la dependencia para reunir documentación sobre la denuncia relacionada con un proyecto denominado “Descentralización del Mediano y Alto Rendimiento del Deporte, Complejo/Estadio para el rugby URBA”. La impulsa el fiscal Ramiro González, en la órbita del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo.

En la denuncia inicial, se señala que el trámite para conseguir un terreno en Ezeiza para la URBA no prosperó porque “todo parece indicar” que se esperaba “algún arreglo espurio”, según documentación judicial a la que LA NACION tuvo acceso.

“La denuncia no tiene seriedad ni sustento: es importante aclarar que la Secretaría de Deporte de la Nación no administra terrenos más allá de los propios y tampoco cuenta con facultades para disponer de inmuebles del Estado”, se defendió Mac Allister por medio de un comunicado enviado al diario La Nación.
La Gendarmería, que ingresó en la Secretaría ubicada en el barrio de Núñez, portaba una orden de presentación dirigida al secretario de Deporte y al funcionario del Cenard. En ambos pedidos se requería información sobre el proyecto mencionado.

Lo que se investiga es una gestión, realizada por un abogado autorizado por la URBA, para que la Secretaría le solicitara a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la cesión de unas tierras contiguas al predio que la AFA posee en Ezeiza. El plan era que la URBA, principal liga regional del rugby con 88 clubes miembros, desarrollara allí un centro de medio y alto rendimiento, con un estadio multipropósito para 35.000 personas, canchas de rugby y un espacio donde los planteles pudieran concentrarse.

En febrero de 2017, el entonces subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Ramiro Giménez, envió una nota de apoyo a la iniciativa. También se adjuntó una nota similar del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. En la denuncia judicial, se asegura que la presentación del proyecto se hizo el 19 de mayo de 2017 y que el trámite jamás avanzó porque “todo parece indicar que se estaba esperando algún arreglo espurio a cambio de la consecución de la tramitación relativa a la donación del predio para la construcción del Complejo”.

La secretaría afirmó haber respondido en tiempo y forma sobre la información que solicitó el juez Lijo. “Hasta ahora lo que sabemos es que, en su oportunidad, la URBA se presentó ante la Secretaría a efectos de manifestar su adhesión a un proyecto elaborado por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, manifestando además que no contaban con terre-nos propios, sin expresar solicitud alguna en esa presentación”, afirmó Mac Allister a través del comunicado. Desde la Secretaría añadieron: “No tenemos en trámite ninguna solicitud por parte de la URBA ni de otras organizaciones para la adjudicación de terrenos”.

Fuentes de la URBA admitieron que un abogado fue autorizado para presentar el proyecto, pero señalaron que la decisión de presentarse ante la Justicia no fue propia sino de un particular.

Es la segunda vez que la secretaría queda bajo la lupa de la Justicia en los últimos meses. A fines de noviembre, también por orden del juez Lijo, se buscó evidencia por un posible tráfico de influencias. El funcionario apuntado era el entonces subsecretario de Deporte Orlando Moccagatta y se investigaba si había favorecido a la empresa Myrtha Pools en la adjudicación de piletas para el estado nacional. En junio pasado, una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en la Secretaría de Deporte había advertido sobre la falta de pautas en los subsidios y recomendó revisar el proceso de otorgamiento y aprobación de los mismos.