Se trata de una decisión burda, irracional y sin fundamentos.

Es un ataque más a este Gobierno, un nuevo intento de extorsión.
Sólo por estar en contra de este modelo económico de concentración de la riqueza en pocos y empobrecedor de las mayorías.
Y, lo peor, por reclamar que nos devuelvan lo que nos quitan ilegalmente.

Se escudan en un incremento tributario, transitorio por 4 meses, para justificar toma de decisiones que van más allá de la coyuntura: eliminar estructuras y amenazar con despidos.

No quedan dudas que subyace la verdadera causa y es la decisión de privatizarlo y despedir personal, como ya lo anticiparon y obran en consecuencia desde la asunción del actual Gobierno nacional.
Esa intención privatizadora fue incorporada en el proyecto de Ley Ómnibus que, aunque naufragó en el Congreso Nacional, fue lamentablemente impulsada por legisladores pampeanos.

Los propios datos que brinda el Banco Nación marcan la irracionalidad de la medida.

Dicen que deben pagar 350 millones más que lo habitual.
Contrasta eso con la ganancia que el propio Banco tuvo en el primer semestre del año: 2,5 Billones de pesos. Pareciera que esa caída ínfima y transitoria de sus ingresos lleva a la entidad a la bancarrota. No hablaría bien este dato de la capacidad de quienes lo dirigen.

Dicen que deben pagar 350 millones más que lo habitual.
La apropiación ilegal de nuestros recursos por parte del Gobierno nacional es 200 veces mayor que esa suma. Nos deben 70 mil millones de pesos.
Si no se hubieran quedado con nuestros recursos, no habríamos tomado esta medida de emergencia para garantizar comida a familias vulnerables.

Ante esa falta de fundamentos caen en la incoherencia de intentar sumar perjudicados. Mencionan una eventual decisión de trasladar a sus clientes este incremento transitorio.
Entonces, ¿habría perjuicio para las finanzas del Banco? ¿O suman otra insensatez para justificar vaciamiento, despidos y privatización?

Asimismo, esta decisión va en franca contradicción con su demanda ante la Corte Suprema de Justicia por considerar inconstitucional la Ley Provincial Nº 3.582.
Sin que haya pronunciamiento judicial alguno, hoy toman decisiones asumiendo competencias que no les corresponden.
No sorprende este desapego a la división de poderes que consagra la Constitución Nacional por parte del Gobierno nacional.