El proyecto es llamado oficialmente Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. También se la conoce como la ley ómnibus.

¿Cómo votarán los cinco legisladores pampeanos? Los dos del peronismo, Ariel Rauschenberger y Varinia Marín, en contra. En tanto, los dos del PRO, Martín Ardohain y Martín Maquieyra, lo harán a favor. A su vez, aún persisten dudas en torno al voto de la legisladora de la UCR, Marcela Coli. Hasta este martes a la mañana aún estaba indecisa, dijeron fuentes del radicalismo a Diario Textual. Su principal preocupación -como todo del sector de Facundo Manes- pasa por la delegación de facultades legislativas al presidente Javier Milei.

Es que, precisamente, una de las principales características de la ley ómnibus es que incluye la delegación de las facultades legislativas durante un año (prorrogable por otro año). Es decir, le otorgan “superpoderes”. Durante ese período, el presidente puede ejercer funciones legislativas en esas materias a través de decretos, que luego deben ser controlados por la misma Comisión Bicameral legislativa que controla los decretos de necesidad y urgencia.

Ayer, el gobernador Sergio Ziliotto volvió a advertir de la delegación de las facultades legislativas. “Hay que tener muy claro lo que se vota. La delegación de facultades está planteada sobre diez materias y que se saque una u otra, luego dará lugar a interpretaciones y ambigüedades”, expresó. “Cuando uno quiere analizar el articulado de la ley ómnibus tiene que tener en cuenta que lo trascendente está en los primeros seis artículos. Con ellos, el presidente puede hacer todo lo que quiera, le rechacen o no el resto de la ley, porque en comparación con esos seis artículos, el resto es cotillón”, sostuvo.

En tanto, todo el capítulo fiscal de la ley, que incluía un aumento de retenciones a productos agrícolas e industriales, la reducción del impuesto a los Bienes Personales y la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias, fue retirado de la ley ómnibus, en un ejemplo de los cambios que se implementaron sobre el texto. De todas formas, el Gobierno manifestó su voluntad de tratar estos puntos en las sesiones ordinarias del Congreso este miércoles 31 de enero.

También se eliminó la emergencia social y de defensa de las 11 iniciales. Pero se mantiene la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, energética, administrativa y tarifaria. Todavía permanecen diferentes disposiciones, como la privatización de unas 40 empresas, el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses al Tesoro y la reforma del Estado.

El otro ítem polémico que se modificó fue el apartado por el cual se establecía que una reunión de tres personas en el espacio público podía ser considerada una manifestación. Ahora se incrementó a 30 personas.

Otro de los aspectos en los que se dio marcha atrás fue con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Originalmente se proponía suspender la fórmula vigente (ajustada por la evolución de la inflación y la recaudación), para habilitar ajustes discrecionales a cargo del Ejecutivo.

Por otro lado, se retrotrajo de la iniciativa sobre blanqueo que planteaba que sería gratuito para personas que declararan menos de US$100.000 con una serie de beneficios.