VICTORICA TENDRÁ FISCALÍA PARA DELITOS RURALES

13 de noviembre de 2023

VICTORICA TENDRÁ FISCALÍA PARA DELITOS RURALES

Son cuatro Fiscalías que tendrán asiento en Santa Rosa, General Pico, General Acha y Victorica. Era una demanda de las entidades rurales de la provincia.

El gobernador Sergio Ziliotto promulgó la ley de creación de cuatro cargos de fiscales en el Poder Judicial de La Pampa para cubrir las Unidades Fiscales para investigar los delitos rurales en la provincia.

La ley había sido sancionada el mes pasado por la Legislatura. Los diputados pampeanos, aprobaron por mayoría, con el voto negativo de Comunidad Organizada, el proyecto por el que se crea cuatro cargos de fiscal para el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El objetivo de las fiscalías es "la investigación, promoción y ejercicio de la acción penal en hechos delictivos ocurridos o relacionados con el ámbito rural y la actividad agraria".

La ley crea los cuatro cargos de fiscal, que tendrán asiento en Santa Rosa, General Pico, General Acha y Victorica, mientras que la competencia territorial corresponderá a la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripciones Judicial, respectivamente.

Se falculta al Poder Ejecutivo a reestructurar las partidas presupuestarias para atender el gasto que demandan los cargos creados.

Durante el debate en la recinto de la Legislatura, la diputada Andrea Valderrama dijo que "esta es una herramienta para atender los delitos en el ámbito rural y tiene que servir para prevenir. Creemos que efectivamente alcanzan los cuatro cargos y además están las herramientas para prevenir".

A principios de este año, Ziliotto había adelantado esta iniciativa para apoyar la labor policial sobre esta temática en rutas, caminos vecinales e inmediaciones de predios rurales para evitar la comisión de delitos y contravenciones.

El proyecto surgió después reuniones mantenidas entre autoridades provinciales y entidades rurales en las que se abordaron inquietudes de productoras y productores en materia de seguridad rural. Como resultado, las partes concordaron que resulta imperioso activar políticas criminales y de prevención que protejan e incentiven la instalación y el mantenimiento de la familia en el campo.

"La situación fue analizada exhaustivamente con otros estamentos del Estado Provincial, así como con representantes de las entidades intermedias que agrupan al sector rural", habían expresado desde el Ejecutivo.