En diálogo con los medios de prensa, la letrada sostuvo que van a incluir el abuso sexual de Magdalena Espósito y que por el momento estarán presas en el Complejo Penitenciario de San Luis. 

Sostuvo que aún no se sabe si estarán o no separadas. 

Hubo una gran expectativa, a nivel provincial y nacional, por conocer el dictamen de los letrados y, en esta ocasión, y tal como se hizo en el dictamen del 2 de febrero, la audiencia de hoy viernes fue transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Oficina Judicial Penal de Santa Rosa.

ALEGATOS.

En el marco del juicio de cesura que se desarrolla para esta causa, el pasado lunes 13 se concretó una audiencia de apelación de penas, en la que los jueces escucharon los alegatos de las partes sobre los pedidos de pena para las acusadas. Cabe recordar que el Tribunal de Audiencia declaró culpable de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, ensañamiento y alevosía" a la madre del niño y por "homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía y por abuso sexual" a su pareja.

Ferrero había pedido prisión perpetua para las dos condenadas. Si bien es la máxima pena posible contemplada por el Código Penal Argentino, la querella encabezada por Mario Aguerrido reclamó reclusión "por tiempo indeterminado".

Las imputadas y sus defensores oficiales participaron a distancia desde el penal de San Luis donde ambas permanecen alojadas. Blanco Gómez, defensora de Páez, pidió que se cuantifique la pena porque si se aplicara prisión perpetua "solo saldrá de la cárcel con su muerte, ya que actualmente la pena perpetua es material y literalmente perpetua".

En ese sentido, pidió que esa cuantificación resulte la mínima por su edad (28 años) y la falta de antecedentes penales. Pablo De Biasi, representante de Espósito Valenti, también pidió cuantificar "una pena en años" y advirtió que la reclusión perpetua "es inconstitucional porque todos los tratados internacionales impiden aplicar penas crueles, inhumanas y degradantes". Y agregó que la aplicación de prisión perpetua impediría el acceso al beneficio de libertad condicional y, por consiguiente, imposibilitaría cumplir con la "readaptación social".

Ferrero respondió a sus argumentos que "la prisión perpetua es constitucional y no contraría convenciones y tratados internacionales", y Aguerrido aclaró que "la Corte Suprema ya fijó la constitucionalidad de la prisión perpetua" y consideró que "no corresponde fijarla en años".