En medio del escándalo por el secuestro y la violación de una nena de tres años, el gobierno de Pedro Castillo presentó la iniciativa en un parlamento controlado por la oposición.

El secuestro y violación de una niña de tres años en Chiclayo, Perú, provocó movilizaciones multitudinarias y obligó al gobierno a dar una respuesta. Este jueves el ministro de Justicia anunció que el gabinete ministerial dejó listo el proyecto que propone la castración química para violadores de menores.

Chero aclaró que la propuesta apunta a los condenados a entre 15 y 25 años de cárcel por violación y excluirá a los condenados a cadena perpetua por violar a menores de 14 años, puesto que “no podrán causar más daño a niños”.

El proyecto deberá ser debatido por los legisladores en el Congreso de Perú, y desde la oposición argumentaron que con esta propuesta Pedro Castillo busca aumentar el apoyo popular, luego de que el mes pasado se realizarán diversas movilizaciones.

Al menos 15 niños sufren abusos cada día, y en los últimos cuatro años se han denunciado más de 21.000 violaciones de menores de edad, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

En un comunicado difundido por la Presidencia peruana la semana pasada, el presidente Castillo aseguró que “los crímenes de violencia sexual contra niños y niñas no serán tolerados por este Gobierno, ni quedarán impunes”.

Castración química en Perú: de qué trata el proyecto

La Presidencia de Perú precisó que la castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la líbido e inhiben el deseo sexual y se usa como “un método de prevención contra las agresiones sexuales, y también como castigo para los que cometen crímenes de esta índole”.

La idea es que la castración química se realice a los condenados a entre 15 y 25 años de cárcel por violación de menores de 14 años, ya que son quienes saldrán de prisión. Mientras que los condenados a cadena perpetua quedarían excluidos del proyecto, en caso de que se transforme en ley.

La castración química es usada como castigo únicamente en Corea del Sur, Estonia, India, Indonesia, Moldavia, Polonia, Rusia y en siete estados de Estados Unidos.

En países latinoamericanos como Bolivia, Chile, Colombia o Panamá ha habido proyectos al respecto, mientras que en otros, como Argentina, el procedimiento se puede usar si es solicitado en forma voluntaria.

(Fuente: TN)