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1 de mayo de 2021

Es una ingenuidad pensar que la justicia se va a depurar sola

El defensor y especialista en derechos humanos, Alejandro Osio, criticó el polémico fallo por un abuso en Victorica. Planteó que la justicia debe revisar sus prácticas en clave de derechos humanos. Pero advirtió que hace falta una "decisión política firme".

"Pensar que los propios poderes judiciales se van a deconstruir y depurar a si mismos es, por lo menos, una ingenuidad en al cual se asienta una falsa expectativa", advirtió este sábado el defensor penal Alejandro Osio, miembro de la Asociación de Pensamiento Penal, docente de la UNLPam y especialista en derechos humanos.

El funcionario judicial se permitió criticar el fallo que estableció una pena con libertad condicional del abogado de Victorica que abusó de su nieta. Hubo una protesta en la localidad el miércoles, los vecinos reclamaron que vaya a prisión. Y fuerte repercusión por el caso.  La jueza de audiencia de juicio de General Pico, María José Gianinetto, condenó a un abogado de 65 años, Julio Cesar Pagella, por el abuso sexual simple agravado contra su nieta, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. El defensor del abogado fue su hijo, el padre de la nena.

Este sábado Osio admitió que la justicia debe revisar sus prácticas para incorporar una perspectiva de derechos humanos, de género y de derechos de la niñez y la adolescencia.

 victorica

“Son tiempos de mucho control social (bienvenido sea), de deconstrucción (que debemos hacer) y de revisar profundamente a los poderes del Estado (ojalá así sea), pero para que efectivamente se pueda avanzar en sentido republicano, democrático y de compromiso social, es tiempo de hacer -y dejar hacer- en clave de derechos humanos para la dignidad de todas las personas y centralmente de quienes requieren de especial atención, como niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos”, sostuvo Osio.

 

Deficiencia en la justicia

En primer lugar, sostuvo que en la sentencia “impera el paradigma adultocéntrico” y no se tiene en cuenta “el impacto de los hechos en la subjetividad infantil adolescente, las consecuencias en sus vidas, sus sentires y, en suma, la consideración de la dignidad humana en estas etapas de formación progresiva”. “No parece estar de más aclarar, es un análisis distinto que en relación a personas adultas”, subrayó.

Dijo que en el ámbito penal esa “deficiencia” se observa en la aplicación de leyes pensadas para personas adultas, por ejemplo, al graduar la pena.

En segundo lugar,  consideró que “impera también el absolutismo jurídico” al pensar “desacertadamente” que “todo se resuelve con el derecho”.

“Ello va de bruces con cualquier posibilidad de eficiencia, puesto que los conflictos sociales son mucho más complejos que lo que desde el derecho se pueda analizar”, contrapuso.

En ese sentido, advirtió que cuando los conflictos incluyen a niños y adolescentes “es necesaria la construcción colectiva, desde el minuto cero, antes, durante y después de los procesos, en pos de preservar la dignidad humana, evitar la re victimización, prevenir la conversión de niños y adolescentes en sujetos procesables y respetar sus subjetividades, además de fortalecer a la comunidad y prevenir que las vulneraciones se repitan”.

”La incorporación de otros enfoques disciplinares aportaría respuestas mejores y más integrales. Me refiero al trabajo social, a la psicopedagogía, a la psicología, a la educación, entre otras, pero también incorporar –en serio- a otrxs actores sociales como la familia (en sentido amplio), las ONGs, personas de la comunidad y sobre todo las distintas militancias que trabajan a diario en los territorios en que se enclavan los conflictos sociales que se judicializan”, propuso.

De todos modos, reconoció que el poder judicial es “reacio a esas incorporaciones que son concebidas como ajenas y hostiles, y la centralidad jurídica que destrata y minimiza a los conocimientos que denomina “no jurídicos” impide su permeabilidad e incluso cuando permite alguna forma de incorporación de ciertos saberes (en oficinas forenses, organismos técnicos, de asistencia a víctimas, etcétera), generalmente termina por apropiarse de esas disciplinas reduciéndolas a revisión o valoración jurídica”.

“Se mantiene tanto la reducción legal de lo que desde allí se produce (por ejemplo, un informe psicológico es interpretado “a la luz del derecho” y no en su debido respeto disciplinar) como así también la última palabra en la decisión judicial (por aquello de que “los informes no son vinculantes para el Juez”). Por ende, lo jurídico se convierte en hegemónico y obviamente las respuestas son deficientes en relación a las expectativas que la comunidad deposita en el servicio de justicia, sobre todo cuando de NNyA víctimas de delitos se trata”, resumió.

En tercer lugar, Osio reconoció que “en lo interno de los poderes judiciales suele ser más importante lo formal que lo sustancial”. “Por ejemplo, cumplir el horario de oficina, vestirse de determinada manera y hablar en lenguaje de expediente judicial aunque ello conspire contra los derechos de la niñez, y desarrollar los actos procesales de manera ágil y rápida aunque en ello se omitan o flexibilicen determinadas garantías, suele ser más importante que el contenido de lo que se hace”, detalló.

Osio interpretó que esas situaciones se suelen percibir desde afuera como perspectivas exclusivistas, elitistas, adultocéntricas y corporativas.

 

Necesidad de revisar

“Salvando las excepciones que siempre hay, desde los estrados judiciales suelen exteriorizarse perspectivas y privilegios que no siempre son compatibles con el sistema republicano de gobierno, los derechos humanos y la pluralidad, lo cual distancia socialmente aún más a un poder que decididamente debería re perfilar sus deudas con las infancias y adolescencias y reparar sus relaciones con la comunidad de la que forma parte, mal que le pese”, opinó Osio.

“Lamentablemente, casos como el referido hubo y seguirá habiendo pues en nuestros lares los diseños normativos e institucionales y las prácticas no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos de NNyA, y no hay acciones sistemáticas para que ello cambie, ni una autocrítica suficiente por parte de las agencias judiciales y de quienes las integramos”, confió.

“Tampoco se piensa mucho sobre esas cuestiones y sobre el poder performativo, simbólico y real del servicio público de justicia en relación a las infancias y adolescencias. Ergo, tampoco se revisan prácticas ni contenidos sustanciales, no hay realidades de impedimento de acceso o remoción por falta de perspectiva en derechos humanos o por haberlos vulnerado, y en algunas cuestiones se privilegia más lo discursivo que lo real”, afirmó.

“Ejemplo de esto último es la falta de perspectiva de género tanto en la conformación de los poderes judiciales, como en las prácticas internas y en los contenidos sustanciales de las decisiones que se toman, y ello claramente no se resuelve con la mera referencia normativa en las decisiones, como decía al principio, sino con la generación de realidad en sentido contrario”, asumió.

“Son tiempos de mucho control social (bienvenido sea), de deconstrucción (que debemos hacer) y de revisar profundamente a los poderes del Estado (ojalá así sea), pero para que efectivamente se pueda avanzar en sentido republicano, democrático y de compromiso social, es tiempo de hacer -y dejar hacer- en clave de derechos humanos para la dignidad de todas las personas y centralmente de quienes requieren de especial atención, como NNyA que han sido víctimas de delitos”, sostuvo.

“Para ello debe haber una decisión política firme porque lxs funcionarixs judiciales no caemos de Marte, nos designan (y remueven) los otros poderes que cuentan con la legitimidad y responsabilidad del voto popular, pues pensar que los propios poderes judiciales se van a deconstruir y depurar a sí mismos, es por lo menos una ingenuidad en la cual se asienta –entonces- una falsa expectativa”.

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