En la primera sesión especial del período extraordinario, además, se buscará aprobar y girar al Senado el proyecto para promover la construcción de obras privadas, a través de la implementación de beneficios fiscales en ganancias, bienes personales, y rebajas impositivas en los casos de blanqueos de capitales.

El proyecto de sostenibilidad de la deuda fue debatido ayer por el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, que presiden Carlos Heller (Frente de Todos) y Fernanda Vallejos (Frente de Todos), y obtuvo dictamen con el respaldo unánime de todos los bloques parlamentarios.

El proyecto determina que «la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio«.

En ese sentido, el texto establece que toda emisión de ese tipo que supere dicho «porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente».

En el artículo segundo, el proyecto dispone que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley» del Congreso «que lo apruebe expresamente».

Tras este dictamen, la comisión de Presupuesto junto con la de Vivienda y Ordenamiento Humano y Presupuesto y Hacienda, que presiden Domingo Amaya (Juntos por el Cambio) y Heller (FdT), analizó el proyecto de promoción de la construcción que contiene beneficios fiscales para poder apuntalar esa actividad.

La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo dictamen unánime de todas las fuerzas políticas, aunque Juntos por el Cambio pidió que esas viviendas que se construyan puedan ser destinadas para alquilar, lo cual no está previsto en el proyecto.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1% de las inversiones realizadas en construcción.

Además, determina que las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas pagarán un único impuesto (con alícuota creciente en el tiempo) y se les otorgará un “bloqueo fiscal” respecto a lo que pudiera corresponder por esos fondos, además de una serie de beneficios en acciones judiciales y administrativas.