El gobierno provincial se apresta a iniciar una nueva demanda judicial contra el Estado nacional para reclamar la deuda de varios años por no compensar íntegramente el déficit de las cajas previsionales docente, civil y policial de La Pampa. En este caso, la demanda apunta a un proceder que representa un nuevo avasallamiento del gobierno central sobre las autonomías provinciales: Nación se niega a girar a La Pampa una suma de 330 millones de pesos porque La Pampa no bajó los montos de las jubilaciones provinciales como sí lo hizo Nación. Sin respetar convenios ni leyes vigentes, Nación pretende detraer ese monto de lo que le resta pagar por el año 2016.
Mediante varios acuerdos, ratificados por leyes nacionales y provinciales, el gobierno nacional se comprometió a hacer aportes para financiar los regímenes jubilatorios pampeanos del personal docente y civil, y del Sistema de Retiros de la Policía de La Provincia.

En el caso de la policía provincial el compromiso de Nación es cubrir íntegramente el déficit de esa caja, y en docentes y civiles hacer un aporte teniendo en cuenta el 75 por ciento de los haberes, ya que el 7 por ciento restante lo cubre el Fondo Complementario de los Regímenes Civil y Docente, administrado por el Instituto de Seguridad Social de la provincia.
A fines de 2015 se adeudaban los déficit de los años 2009 inclusive en adelante. Para determinar el monto a compensar, las nuevas autoridades provinciales solicitaron a Nación realizar las auditorías de los año s2009 en adelante para determinar el monto adeudado. Para ponerse al día, Nación comenzó por los años 2015 y 2016; canceló en tres cuotas todo el monto de 2015 y giró 400 millones de pesos como anticipo de 2016. Concluida la auditoría de 2016, se determinó que el monto total a compensar ascendía a 831 millones, con lo cual restaban enviar 431 millones. Para el gobierno provincial, el monto total de 2016 era de 858 millones, pero la diferencia era considerada “aceptable” porque no se incluían allí algunos aportes a obras sociales.

Demanda a Nación

Al reclamar esos 431 millones restantes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) decidió aplicar una “multa” a La Pampa de nada menos que 332 millones de pesos porque Provincia no bajó los montos de los haberes jubilatorios ni aplicó la “movilidad” que se dispuso a nivel nacional. El gobernador Verna instruyó a sus asesores a la redacción del decreto por el cual se autorizó a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones contra el gobierno nacional por este incumplimiento legal y consecuente avance sobre potestades provinciales.

El gobierno provincial “no piensa bajar las jubilaciones actuales o futuras ni cambiar su sistema de movilidad”, re